Mediante este gesto de la autoridad, que desoyó la demanda de diversas personas y organizaciones, se verificó lo que definimos como un intento por llevar a cabo la tercera "borradura" de Londres 38, ya que dicha decisión no consideró adecuadamente la importancia de significar, preservar y representar los acontecimientos históricos que allí tuvieron lugar.

El inmueble, que había permanecido en manos del Instituto O’Higginiano desde el año 1978, volvió a manos del Estado en diciembre de 2007. El lugar ha permanecido desocupado desde esa fecha, salvo por la presencia permanente de un guardia privado. Los organismos responsables aún no dan respuesta a las solicitudes y demandas presentadas con relación a su uso y destino definitivos, y tampoco se han adoptado medidas destinadas a su adecuada conservación. No obstante, se ha autorizado la apertura de la casa en torno a actividades y fechas específicas.

De esa manera se ha ido instalando una cierta rutina, particularmente los días martes y jueves, en los que el lugar ha comenzado a ser habitado y utilizado por quienes hemos venido reivindicando su transformación en un espacio para la memoria. Así, se han llevado a cabo diverso tipo de actividades culturales y conmemorativas, y reuniones de trabajo relacionadas con el destino y uso del inmueble. En unos pocos meses un numeroso público ha visitado este sitio histórico. Sólo en la jornada de apertura organizada por el Colectivo Londres 38, con motivo del Día del Patrimonio Cultural, se contabilizaron más de mil 300 personas que ingresaron al inmueble.

Nuestra propuesta considera un conjunto de acciones –algunas de ellas en curso-- y una metodología para elaborar de manera participativa un proyecto integral de uso para la casa. Esta propuesta fue presentada a las autoridades responsables (Ministerio de Bienes Nacionales y Presidencia de la República) sin haber recibido aún una respuesta formal. No obstante, ya hemos comenzado a desarrollar algunas de esas acciones. Dicha propuesta contempla:

1. Dar un uso público al lugar, instalando una señalética básica de carácter provisorio, que informe a los visitantes sobre la historia asociada al inmueble. Ver planos utilizados.

2. Realizar un peritaje (criminalístico, arqueológico y/o antropológico) que permita establecer la existencia de huellas de los acontecimientos vividos en su interior, así como producir diverso tipo de registros planimétricos, fotográficos y audiovisuales), que puedan ser utilizados como prueba judicial para los juicios actualmente en curso, o los que puedan iniciarse a futuro, para establecer la verdad y juzgar a los responsables de los crímenes cometidos en dicho recinto.

3. No realizar ninguna modificación al lugar hasta que la justicia lleve a cabo todas las acciones anteriormente mencionadas, salvo aquellas medidas necesarias para la adecuada conservación del inmueble.

4. Impulsar un proceso participativo que permita formular propuestas de uso, formas de representar y transmitir la historia asociada al lugar, funciones relacionadas y formas de organización. Este proceso contemplará la realización de reuniones, consultas, encuestas y focus group, pudiendo ampliarse a otras actividades. Para este fin estamos realizando una serie de encuentros de trabajo que, en una primera etapa, contemplan los siguientes temas:

• Reconstitución histórica de los usos de los espacios interiores
• Señalización interior
• Historia y formas de representación
• Peritaje y búsqueda de huellas
• El entorno y el espacio urbano
• Transmisión de la historia relacionada
• Luchas, resistencias y militancias
• Archivo audiovisual de historia oral
• Políticas públicas sobre memoria
• Relación estado-sociedad civil. Coordinación y organización

Para este proceso hemos convocado a ex detenidos de Londres 38, familiares, ex militantes, y diverso tipo de profesionales que desde sus distintos ámbitos de trabajo puedan aportar a la tarea que se propone, entre ellos, historiadores, antropólogos, arqueólogos, conservadores, arquitectos, urbanistas, diseñadores, sicólogos, artistas, escritores, periodistas, realizadores audiovisuales y abogados.

5. Elaborar un proyecto integral, con base en la sistematización de este trabajo, que considere la historia y entorno del inmueble, el rol que cumple desde el punto de vista de la memoria urbana y su memoria específica, así como los objetivos más generales relacionados con el rescate, investigación, elaboración y difusión de la memoria histórica asociada a Londres 38.

Este ejercicio participativo permitirá recoger las propuestas de quienes quieran hacerse parte del debate necesario para definir cómo representar y transmitir lo que fue el Terrorismo de Estado en Chile, así como las experiencias, memorias y prácticas de quienes lo sufrieron y resistieron. Hacerlo desde el centro de la ciudad, tal como el propio terror operó, era y es todo un desafío ya que implica otorgar una nueva visibilidad al lugar, distinta a la mayoría de las intervenciones y monumentos realizados hasta ahora en los cementerios, espacios cerrados o en la periferia de las ciudades.

Los deberes del Estado
Ya en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Informe Rettig, 1991), se señala la necesidad de que "proliferen iniciativas de reparación en cada punto del país y en cada ámbito en que se desenvuelve la vida social (…)". Entre las sugerencias específicas de carácter simbólico y conmemorativo se establece que se aspira a que las expresiones de reparación sean públicas y de alcance nacional, pero que, al mismo tiempo, se expresen las realidades locales. Posteriormente, el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Informe Valech) establece nuevas recomendaciones, y señala que la reparación, en tanto obligación de los estados, tiene "no sólo una función individual respecto de la víctima que debe ser reparada, sino que también posee importantes dimensiones sociales, históricas y preventivas".

Dichas dimensiones tienen gran importancia ya que el terrorismo de Estado operó sobre el conjunto de la sociedad y no sólo sobre los grupos y personas que fueron víctimas de las formas de represión más extremas y brutales como la tortura, la muerte y la desaparición forzada. Las detenciones y allanamientos masivos, las relegaciones, el exilio y el terror generalizado alcanzaron a sectores muy amplios del país, y de distinta manera a toda la sociedad. Para la implementación de un sistema de este tipo se requirió del concurso de múltiples voluntades, recursos materiales y financieros, personal y elementos técnicos. Fue necesario también instalar, u omitir, determinados procedimientos jurídicos, políticos y administrativos que lo hicieran posible y lo constituyeran como parte de la "normalidad".

En este sentido, la tortura y las prácticas exterminadoras no fueron ni son ajenas a la sociedad, mucho menos al estado, y por ello, las tareas relacionadas con el conocimiento y la condena social de dichas prácticas no puede ser "privatizada" o delegada en las organizaciones de sobrevivientes y familiares de las víctimas directas. El estado tiene una responsabilidad central que no debe ser asumida de manera puramente reactiva sino generando políticas públicas consistentes, que recojan las propuestas y demandas planteadas por quienes hemos venido trabajando en este ámbito, y que permitan enfrentar estos temas como una tarea colectiva.

El estado tiene el deber de promover, respetar y garantizar los derechos humanos, incluidos los derechos a la verdad, la justicia y la reparación que tienen las víctimas de dichos crímenes, asegurando los beneficios del estado democrático de derecho a todos. Ello conlleva la responsabilidad del estado de garantizar lo que algunos han denominado como el "derecho de memoria" de los ciudadanos en una sociedad democrática Se trata de un derecho civil y político cuyo ejercicio debe ser garantizado por el estado. La política pública que lo haga posible no debe buscar instaurar una memoria, sino garantizar, proteger y estimular el ejercicio de ese derecho y la posibilidad de construirla, a través del debate político, social y cultural que debe poder efectuar la sociedad en el espacio público.

A fin de avanzar en esta dirección hemos solicitado al gobierno la constitución de una coordinación de los organismos públicos responsables o relacionados con la gestión de los inmuebles fiscales que son monumentos nacionales y, específicamente, con Londres 38. Junto con ello proponemos la constitución de una comisión integrada por representantes de dichos organismos y de las organizaciones sociales vinculadas con Londres 38, instancia que deberá hacerse cargo de llevar a cabo las siguientes tareas:
a. Acordar un plan de trabajo inmediato y una metodología para ejecutarlo.
b. Definir criterios de uso del inmueble.
c. Proponer vías de financiamiento para las actividades y medidas a adoptar en el corto plazo.