A partir de ese momento y durante un año, aproximadamente, Londres 38 se convirtió en el centro de operaciones de la naciente Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), desde donde se concibió, planificó y llevó a cabo la política de detención, tortura, exterminio y desaparición de los opositores políticos a la dictadura.

Como se ha establecido judicialmente, este organismo contó para ello con todos los recursos logísticos, financieros y de personal necesarios para imponer el terror y con la más completa complicidad de los demás poderes del Estado chileno -incluido el Poder Judicial- y de la prensa.