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La cifra de nombres corresponde, aproximadamente, a la mitad del total de detenidos señalado –alrededor de 219-, que habían desaparecido producto de la acción represiva planificada y sistemática de la Dina, en contra del MIR, entre mayo de 1974 y febrero de 1975.

Como se supo entonces, y tal como lo oficializó posteriormente el Informe Rettig, dicha publicación fue producto de la Operación Colombo, una maniobra de la DINA, que había comenzado en junio de ese año, con la difusión en la prensa chilena de una información que alertaba sobre la presencia de "grupos guerrilleros", integrados por ciudadanos chilenos, que se preparaban en territorio argentino para ingresar al país. Esta operación respondía al esquema de "guerra sicológica", utilizado por las dictaduras de la época, en el marco de las políticas de contrainsurgencia adoptadas; y tenía un doble objetivo, encubrir la acción represiva y, al mismo tiempo, aterrorizar a los militantes y simpatizantes del MIR y de la izquierda, publicitando el aniquilamiento de sus cuadros y la derrota de la política de resistencia a la dictadura.

La Operación Colombo
Simultáneamente a las primeras acciones de desinformación, las autoridades de la época comenzaron a afirmar que muchos de los "supuestos detenidos" estaban en realidad, en la clandestinidad. Como parte de esa política de negación, el 4 de julio el ex dictador Augusto Pinochet anunció su decisión de no permitir el ingreso al país de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidades, anunciada para el día 10 del mismo mes. A los pocos días, y como respuesta a la presión internacional, se sucedieron diversas informaciones en la prensa argentina y chilena sobre detenidos desaparecidos chilenos cuyos cuerpos habrían sido encontrados en el país trasandino. Tal fue el caso de Luis Guendelman, Jaime Robotham y luego Juan Carlos Perelman, informaciones todas cuya falsedad quedó rápidamente demostrada. Finalmente, el 22 y 24 de julio el país conoció las listas ya señaladas.

Para este montaje los servicios de seguridad de Chile y Argentina se coordinaron, al más alto nivel, para lo cual utilizaron a Enrique Arancibia Clavel, ciudadano chileno, funcionario del Banco del Estado de Chile en la sucursal de Buenos Aires, actualmente condenado en Argentina, por su responsabilidad en el asesinato del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert. En 1978, Arancibia había sido procesado por la justicia argentina en un "caso de espionaje", ocasión en la que confesó ser agente de la Dina y reveló parte de las acciones de este organismo, encontrándose en su oficina cinco cédulas de identidad de personas detenidas y desaparecidas en Chile, que estaban destinadas a ser utilizadas en maniobras de encubrimiento de la represión en Chile.

La prensa
La información tuvo su origen en dos publicaciones fantasmas: el primer y último número de la revista argentina Lea, y el diario brasileño O´Día, de Curitiba, de irregular circulación.

Aunque las agencias internacionales de prensa establecieron rápidamente la falsedad de la información, los medios nacionales de comunicación se hicieron eco de la versión oficial sin ninguna verificación, ni rectificación posterior, equivalente en extensión y visibilidad a las falsas informaciones iniciales.

El 24 de julio, el diario La Segunda tituló: "Miristas chilenos, Exterminados como ratones". El diario La Tercera, por su parte, difundió: "Habían sido presentados recursos de amparo a favor de los miristas muertos o evadidos en Argentina y otros países", con lo cual quiere decir que habría existido una operación malintencionada de los padres, madres, o hijos o cónyuges de los desaparecidos, para procurar el desprestigio del gobierno y de la justicia chilena.

A su vez, El Mercurio, el 25 de julio, editorializó: "Los políticos y periodistas extranjeros que tantas veces se preguntaron por la suerte de estos miembros del MIR y culparon al gobierno chileno de la desaparición de muchos de ellos, tienen ahora la explicación que rehusaron aceptar. Víctimas de sus propios métodos, exterminados por sus propios camaradas..." (ver prensa de la época)

Huelga de hambre en Puchuncaví
A las numerosas declaraciones de los familiares y otros testigos que, en muchos casos, habían presenciado la detención, se sumó el testimonio de 95 detenidos, que permanecían en el campamento Melinka, de Puchuncaví, y que el 31 de julio de 1975 iniciaron la primera huelga de hambre realizada bajo dictadura, y que se extendió por 9 días, exigiendo una respuesta sobre el destino de las personas mencionadas en las listas. Los 95 huelguistas, arriesgando sus propias vidas, dieron testimonio de haber visto, en diversos centros de interrogatorio y detención, a la mayoría de los 119 chilenos que se daba como muertos en el extranjero. Estos testimonios fueron ratificados posteriormente en los tribunales de justicia.

En la comunicación entregada a las autoridades del Campo de detenidos señalaban que la huelga de hambre "responde a un imperativo de conciencia y de solidaridad que no podemos dejar de expresar" (ver documento original).

Entre los participantes en la huelga de hambre se contaban militantes y dirigentes del MIR, algunos de los cuales fueron asesinados con posterioridad a su liberación, entre ellos el periodista José Carrasco Tapia, asesinado el 8 de septiembre de 1986, en una acción de represalia por el atentado al ex dictador Augusto Pinochet; Juan Carlos Gómez Iturra, muerto en un enfrentamiento en julio de 1979; Carlos René Díaz Cáceres, muerto en lo que se presume fue una explosión provocada por la CNI, en el año 1982; y Eduardo Charme, dirigente del Partido Socialista, asesinado en un falso enfrentamiento el 14 de septiembre de 1976.

Quiénes eran
Parte de una misma generación, la mayoría de las personas mencionadas en la lista de los 119 tenía menos de 25 años al momento de su detención, y diez de ellos eran menores de edad. Otros como Francisco Aedo y Fernando Silva, ya habían cumplido más de 60 años. Entre las 20 mujeres, Jacqueline Drouilly tenía 25 años, y hacía tres meses que esperaba su primer hijo.

Casi todos los detenidos habían sido dirigentes estudiantiles, sindicales, gremiales y miembros de diversas organizaciones sociales y políticas, 94 de ellos pertenecían al MIR, 9 al Partido Socialista, 7 al Partido Comunista y uno al MAPU. Aunque en su mayoría eran estudiantes, también había empleados, profesionales y obreros.

La justicia hoy
Después de 30 años y un sinnúmero de presentaciones, requerimientos y diligencias judiciales, la justicia chilena no ha avanzado en el esclarecimiento de la suerte corrida por estas personas.

El Ministro de fuero Víctor Montiglio, que ha llevado la investigación por el caso de la Operación Colombo (1), en diciembre de 2005 decidió invocar el criterio de la ''cosa juzgada'' en cuatro casos de secuestro calificado que se le imputaban a Augusto Pinochet, por las detenciones y posterior desaparición de Arturo Barría Araneda, Juan Chacón Olivares, Carmen Bueno Cifuentes y Jorge Muller Silva.

Pero junto con ello, el magistrado accedió a encausar al ex dictador por la responsabilidad en la desaparición de otras tres víctimas: Antonio Cabezas, Juan Carlos Perelmann y Héctor Garay. Estos nuevos procesos se suman a los dictados el 24 de noviembre de 2005 por el secuestro también de otras seis víctimas de la Operación Colombo.

Según abogados de derechos humanos el fallo no sólo impide la investigación en torno a la los casos sino que es un "error jurídico", por cuanto el ex dictador nunca fue procesado en ese caso y, por ende, no corresponde aplicar la mencionada figura.

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(1) Ver texto del Interrogatorio del juez Montiglio a Pinochet y otros, publicado en el diario La Nación del 22 noviembre de 2005, especial Operación Colombo