Toda la verdad Toda la justicia

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Fue en 1974 cuando en Chile la palabra "desaparecido" comenzó a tener otro significado. Eran los presos políticos no reconocidos. Después de las primeras detenciones bajo este patrón, pasaron varios meses antes de tomar conciencia de que estábamos frente a una nueva forma de represión. Y otros más, para entender que se trataba de un exterminio masivo.

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Como se sabe, la detención de los desaparecidos fue primero negada: se dijo que permanecían en la clandestinidad, que estaban fuera del país, que habían muerto producto de rencillas internas, e incluso, que algunos de ellos no tenían existencia legal. Ante los numerosos testimonios de los sobrevivientes, en muchos casos se estableció judicialmente la detención pero, como las investigaciones apuntaban a miembros de las FF.AA. y policiales, las causas fueron sistemáticamente traspasadas a la justicia militar y luego sobreseídas o amnistiadas.

En 1991, el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, fue el reconocimiento oficial de parte del Estado de la condición de detenidos desaparecidos de las víctimas. Sin embargo, en lo sustantivo, este Informe no aportó nueva información. Los procesos que se iniciaron o reabrieron, no tuvieron mejor suerte que los del periodo anterior. Esa fue "la justicia en la medida de lo posible".

Más consecuencias tuvo la detención de Augusto Pinochet en Londres, hecho que marcó un hito en el derecho internacional y puso en cuestión las distintas formas de impunidad favoreciendo un cambio, aunque limitado, en los tribunales chilenos. Observados por la comunidad internacional los jueces abandonaron la aplicación de la amnistía, pero comenzaron a beneficiar a los acusados con la "media prescripción", argucia que permitía aplicar penas menores a las que exigía la gravedad de estos delitos, eximiendo a los condenados del cumplimiento de las penas privativas de libertad. Otras iniciativas como la Mesa de diálogo, en 1999, tampoco aportaron información verdadera sobre la suerte de las personas detenidas desaparecidas, y sí varias cuya falsedad se comprobó posteriormente.

Después de más de 25 años desde el término de la dictadura la impunidad persiste. El estándar definido por los gobiernos civiles en materia de verdad y justicia ha sido una medida muy mezquina, y en los casos de desaparición forzada la verdad simplemente no ha sido establecida. Solo se han encontrado e identificado los restos de poco más de un centenar personas, de un total de 1.193 casos de desaparición forzada. Tampoco han sido muchos los casos en los cuales, no habiéndose encontrado los restos, sí se ha podido establecer el proceso completo de secuestro, asesinato y ocultamiento de los cuerpos, así como la responsabilidad de los ejecutores, cómplices y encubridores.
Durante los últimos años, la inmensa mayoría de las causas por desaparición forzada se ha cerrado sin obtener avances sustantivos ni información nueva. Si bien en muchos de estos casos los familiares han recibido indemnizaciones --lo cual constituye un importante avance respecto del pasado reciente--, ello no es suficiente ni puede reemplazar una verdad y justicia plenas, y constituye apenas un simulacro de justicia.

Especialmente escasos han sido los avances referidos a las personas detenidas desaparecidas por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) en la Región Metropolitana, durante el año 1974, a pesar de ser este el año que registra la mayor cantidad de víctimas desaparecidas (218) de toda la historia represiva de la dictadura.

El poder judicial tiene una gran responsabilidad en este estado de cosas pero no es el único puesto que las responsabilidades son compartidas. Las autoridades políticas que han gobernado y legislado durante las últimas dos décadas han sustentado un pacto, consensuado con los representantes de los victimarios, donde la política de "reconciliación" ha posibilitado la persistencia de un poderoso sistema institucional de encubrimiento e impunidad de los crímenes de lesa humanidad, que se ha mantenido inalterado hasta hoy.
Por ello es necesario impulsar nuevas acciones en distintos ámbitos: ante la justicia, de manera de dar continuidad a los procesos investigativos; ante las autoridades políticas a fin de exigir un nuevo estándar en materia de verdad y justicia; ante los organismos internacionales para denunciar el incumplimiento del Estado chileno de sus compromisos; y ante la sociedad, que solo se ha hecho parte de esta demanda de una manera limitada.

Por ello exigimos:

  • Una política activa del gobierno para exigir la información que aún poseen miembros de las fuerzas armadas, policiales y de inteligencia, a fin de terminar con el sistema de encubrimiento institucional y los pactos de silencio que, desde el Estado, los protegen.
  • Apoyo a la labor de seguimiento de las causas judiciales que realiza el Programa de Derechos Humanos, incluyendo la posibilidad de presentar querellas por secuestros y torturas.
  • Designación de más jueces con dedicación exclusiva en causas por crímenes de lesa humanidad y fortalecimiento de los órganos auxiliares de la justicia, como la Brigada investigadora de delitos contra los derechos humanos, de la PDI.
  • Aprobación por el Congreso de la indicación al proyecto de ley sobre libertad condicional que excluye del beneficio a los criminales condenados por violaciones a los DDHH.
  • Desclasificación de los archivos en poder de los órganos de la administración del Estado relacionados con la represión, entre ellos, los de la Comisión de verdad y reconciliación, y de las comisiones sobre prisión política y tortura; y aquellos archivos de la represión que sabemos que aun se conservan en poder de las fuerzas armadas, policiales y de inteligenciaexiste abundante evidencia de que esos archivos existieron y que no fueron destruidos, al menos no en su totalidad.
  • Derogación de la Ley 18.771, de 1989, que exime a las fuerzas armadas, de orden y seguridad, de la obligación de transferir sus documentos al Archivo Nacional, y les autoriza a eliminarlos.
  • Creación de una instancia permanente para recibir denuncias de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, a fin de dar cuenta del verdadero alcance del terrorismo de estado en Chile.
  • Fin a la justicia militar.
  • Término de la criminalización de la protesta social y de la impunidad en el presente.
Presentación Campaña "Toda la Verdad Toda la Justicia"
Presentación Campaña "Toda la Verdad Toda la Justicia"

La macro-criminalidad de la DINA para desaparecer personas

Esta investigación fue realizada por la abogada Karinna Fernández, por encargo de Londres 38, en el marco de un trabajo conjunto con la organización. Su objetivo es contribuir a los procesos judiciales en curso, en particular, a la querella presentada. Más específicamente, se busca identificar los patrones macro-criminales utilizados por la DINA para la desaparición de personas, contribuyendo a la determinación de los mecanismos empleados, el destino de las víctimas, la identificación y aplicación de sanciones a los diversos responsables, agentes del Estado y civiles, vinculados en algunos casos a grupos empresariales.

A partir de la determinación de esos patrones es posible avanzar en el diseño de estrategias globales de investigación, a diferencia de los procesos por víctimas individuales instruidos hasta ahora por los Ministros en visita, que han abordado los delitos de manera fraccionada y aislada. Esta ha sido una de las razones por las cuales los resultados de estas indagaciones no reflejan el fenómeno de la macrocriminalidad y sistematicidad de la desaparición forzada de personas, y la información obtenida ha terminado siendo redundante e inútil para el establecimiento de las circunstancias de la desaparición de las víctimas y la identificación de los responsables.

En este documento queda claro que en los procesos judiciales no han existido criterios metodológicos claros para identificar elementos relevantes y tampoco se ha trabajado en base a la conceptualización de variables o motivaciones. No se hacen distinciones que permitan observar las finalidades y prácticas represivas específicas a cada momento y se suelen reproducir caracterizaciones simplificadas e incompletas del contexto criminal.

Para este primer avance de la investigación se revisaron los antecedentes de 7 procesos judiciales y más de 40 tomos de expedientes. Se priorizaron aquellas causas vinculadas al período y recinto desde el que desaparecieron las víctimas objeto de la querella presentada por Londres 38, y se incluyeron también aquellas en las que existía información determinante sobre métodos de desaparición.

El examen de los expedientes muestra, una vez más, cómo "la Corte Suprema cedió el terreno para la acción discrecional del aparato represivo, abdicó de sus funciones jurisdiccionales y de control sobre los tribunales militares en tiempo de guerra, hizo caso omiso de los abusos que a diario se cometían desde el Estado en contra de personas que fueron dejadas en absoluto desamparo al interior de centros de detención ilegales, y rechazó cada uno de los recursos presentados desde el Comité Pro Paz y la Vicaría de la Solidaridad, afirmando que 'el ejercicio de los derechos humanos está sujeto a las limitaciones que le imponga la autoridad, en cuanto sea indispensable para prevenir […] el orden público, el bien común y la seguridad del Estado'".

Las fuentes fueron objeto de estudio y análisis con especial foco en aquellos antecedentes relativos a modus operandi y mecanismos destinados a la desaparición de personas, distinguiendo agente, fecha, ubicación, todos elementos que fueron incluidos en una matriz documentada que permite presentar criterios cualitativos y cuantitativos. La mayor parte de la información analizada proviene de declaraciones de agentes involucrados en los hechos, informes policiales y en menor medida de víctimas sobrevivientes.

En términos más específicos, esta investigación sistematiza la información existente sobre :

  • Los traslados de víctimas desde Londres 38 a Tejas Verdes;
  • El uso de las instalaciones asociadas al Regimiento de Tejas Verdes, entre ellas el Cuartel o Campamento N° 2 durante 1973 y 1974, y el recinto de la Playa Norte durante los años 1974 a 1977, ambos en las Rocas de Santo Domingo; y
  • El rol de la Pesquera Arauco.

También se trabajaron los patrones conocidos hasta ahora de ocultamiento o destrucción de los cuerpos, entre ellos, los lanzamientos al mar en la costa de la zona central desde barcos; los lanzamientos desde helicópteros con la participación del Comando de aviación del ejército (CAE) con asiento en Peldehue; y el rol de las clínicas de la DINA en el asesinato de las víctimas.

Texto completo: "Antecedentes para la investigación de patrones criminales destinados a la desaparición de personas desde el recinto clandestino de detención ubicado en Londres 38"

Acciones judiciales por desaparición forzada

La querella presentada en diciembre de 2015 es un recurso para dar continuidad a las investigaciones judiciales sobre las personas detenidas desaparecidas que los tribunales han ido cerrando sin avanzar en el establecimiento de los hechos con posterioridad al paso de las víctimas por los recintos de detención y tortura.

Hasta ahora, la inmensa mayoría de los procesos solo se ha centrado en determinar los hechos que rodearon el secuestro de las víctimas, algunos de los responsables de estos delitos, así como los lugares en que permanecieron privados de libertad pero hay escasa o nula información sobre lo sucedido con posterioridad.

La querella comprende 85 víctimas de desaparición forzada que estuvieron secuestradas en el cuartel de la DINA de Londres 38, donde fueron vistas por numerosas personas que también permanecieron detenidas y sobrevivieron a la represión. Sin embargo, qué sucedió con estas 85 personas luego de ser sacadas de Londres 38, son hechos que no ha sido investigados por la justicia, pese a los numerosos indicios que existen.

Como fundamento de la querella, se sostiene que "cada elemento de la desaparición forzada: la detención, la participación de Estado y la falta de información del paradero de la persona, tienen la misma relevancia para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ya que en su conjunto le dan sentido al fenómeno". Para enseguida agregar y concluir que "una consecuencia de esta relevancia igualitaria de los elementos, es que no es posible entender ni sancionar la desaparición forzada en base a la detención, sino que también es igualmente condenable y sancionable el ocultamiento o inhumación de cuerpos de detenidos.

Es más, la inhumación ilícita cierra y le da sentido al concepto de Desaparición Forzada, ya que termina por sustraer del conocimiento de la sociedad, el paradero de los detenidos".

Querella criminal: Querella criminal en contra de todos quienes resulten responsables por los delitos de asociación ilícita y de inhumación ilegal de 85 víctimas detenidas y desaparecidas en el recinto de la DINA "Londres 38"

La impunidad del pasado garantiza la impunidad del presente

La impunidad respecto de los crímenes del pasado se reproduce en el presente. Es así como hoy también permanecen impunes los tres casos de detenidos desaparecidos en poder de agentes del Estado en democracia: Hugo Arispe, detenido en Arica por carabineros y desaparecido desde la Cárcel de Acha en 2001; José Huenante detenido por carabineros en Puerto Montt en 2005; y José Vergara detenido por carabineros en Alto Hospicio en 2015.
José Huenante

José Huenante

Aunque se ha negado la condición de "detenidos desaparecidos" de estas personas argumentando que estos crímenes no obedecen a una política sistemática de persecución política, se puede afirmar que sí se trata de crímenes políticos en tanto existe una doble responsabilidad del Estado: por la conducta de sus agentes, los carabineros inculpados; y por el deber aun incumplido de investigar, esclarecer el destino de estas personas y sancionar a los victimarios.


Hugo Arispe

Hugo Arispe

En los tres casos se repiten las versiones contradictorias de los inculpados y la adulteración de documentos e incluso del kilometraje de una patrulla. Las tres causas pasaron por la justicia militar sin que esta produjera ningún avance sustantivo en las investigaciones. En el proceso de José Huenante los inculpados fueron inicialmente dados de baja pero en 2010 fueron reintegrados a sus funciones.


José Vergara

José Vergara

Estas violaciones a los derechos humanos se suman a los asesinatos de Manuel Gutiérrez en agosto de 2011 y de David Riquelme en marzo de 2010 y a las muertes de decenas de comuneros y dirigentes del pueblo mapuche, entre ellos, Matías Catrileo, Alex Lemún, Johnny Cariqueo y Jaime Mendoza Collío, cuyas luchas han sido sistemáticamente criminalizadas y sus territorios ocupados militarmente.

Hernán Soto Alarcón

Buscamos información sobre Hernán Soto Alarcón

El militante del partido radical se encuentra desaparecido desde noviembre de 1974. Se cree que pudo haber pasado por Londres 38.

Fecha: 06 de octubre de 2017.

Marcha de mapuche

Quinta Declaración de historiadores e historiadoras y profesionales de las Ciencias Sociales en apoyo al pueblo mapuche

"En consecuencia, este es el momento para que el Estado chileno repare, de una vez por todas, los daños materiales y culturales infringidos al pueblo mapuche. Ello pasa, necesariamente, por su reconocimiento como pueblo nación, el respeto a su autonomía política en el territorio del wallmapu y el reconocimiento a su cultura y forma de vida ancestral".

Fecha: 03 de octubre de 2017.

Imagen del final de uno de los capítulos de "Una Historia Necesaria"

Londres 38 denuncia censura de serie “Una Historia Necesaria” en Canal 13C

Acusamos la censura explícita de Canal 13C al cortar y eliminar de la transmisión la gráfica final de cada capítulo donde aparecen los responsables de los crímenes recreados. El ocultamiento y silenciamiento de los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos en dictadura prolongan la cultura de impunidad y desobediencia con el que las FFAA actúan el día de hoy.

Fecha: 14 de septiembre de 2017.

Expositores del conversatorio

Londres 38 reflexionó y debatió sobre detenidos desaparecidos en democracia

Los abogados de Londres 38 y de la familia de José Vergara expusieron sobre las características y dificultades institucionales en los casos de desaparición forzada, en dictadura y en democracia. En tanto, los asistentes hicieron preguntas y plantearon los desafíos frente a la violencia institucional.

Fecha: 06 de septiembre de 2017.

Corte Suprema

Decisión de la Corte Suprema provoca maltrato a familiares de víctimas

Las organizaciones firmantes rechazan la grave situación a la que están siendo sometidos familiares y víctimas de delitos de derechos humanos en dictadura, por parte de la Corte Suprema. El pasado 27 de junio, el máximo tribunal decidió anular las audiencias de alegatos realizadas en varias causas por violaciones a los derechos humanos, fundado en un cambio en la integración de la Sala, que terminó con la inhabilitación del Ministro Haroldo Brito.

Fecha: 05 de julio de 2017.

Temucucui

Comunidad Autónoma de Temucuicui acusa secuestro de mujer mapuche y allanamiento

Londres 38 rechaza tajantemente el secuestro de Valeria Millanao Palacio en dependencias de la Municipalidad de Ercilla, así como los destrozos, disparos, intimidación y represión en la Escuela G816 de Temucuicui. El disparo de lacrimógenas tiene por principales víctimas a los niños y niñas mapuche que se encontraban en clases, así como los pacientes de la posta local, que presentaron desmayos y principio de asfixia. Carabineros de Chile no se ha referido a lo ocurrido.

Fecha: 19 de junio de 2017.

Corte Suprema de Justicia

Otra vez condenados por crímenes de derechos humanos se encuentran prófugos de la justicia

Dictan orden de captura para tres exagentes de la CNI que se encuentran prófugos de la justicia, tras dictarse condena por su participación en el secuestro calificado de cinco militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en 1987.

Fecha: 05 de mayo de 2017.

Ariel Dulitzky, Representante del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

ONU supervisa implementación de recomendaciones sobre desapariciones forzadas

Representante del GTDFI, Ariel Dulitzky, enfatizó en el rol clave que han jugado las agrupaciones de DDHH como símbolo latinoamericano para alcanzar verdad y justicia. Junto a ello, recalcó que el foco debe estar en el resguardo de las víctimas, por sobre las condiciones de salud o edad de los condenados.

Fecha: 30 de marzo de 2017.

Presidente de la Corte Suprema Hugo Dolmestch

Interpretaciones de la Corte Suprema e INDH favorecen la impunidad

En un polémico fallo la Corte ratificó la libertad condicional de Francisco Toledo, interno en Punta Peuco condenado por homicidio calificado, fundamentando su decisión en la opinión del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que sostiene que "quienes han sido condenados en causas por delitos de lesa humanidad pueden acceder a los beneficios y medidas alternativas".

Fecha: 06 de marzo de 2017.

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Nuevo retroceso de la justicia por decisión de la Corte Suprema

En una decisión que profundiza la impunidad, la Corte redujo el número de jueces dedicados a la investigación de violaciones a los derechos humanos bajo la dictadura cívico militar.

Fecha: 02 de marzo de 2017.

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Rainer Huhle visita Londres 38 para discutir sobre la desaparición forzada en Chile

El miembro del grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas de Naciones Unidas, y del Centro de Derechos Humanos de Nuremberg, conversó con integrantes de Londres 38, espacio de memorias, acerca de los escasos avances en el esclarecimiento de la verdad sobre detenidos desaparecidos, la falta de justicia y el avance de la impunidad, y los desaparecidos en democracia.

Fecha: 19 de enero de 2017.

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Presidente de la Corte Suprema promueve libertad de criminales de lesa humanidad

Una vez más, Hugo Dolmestch se ha pronunciado en favor de la libertad de los condenados por violaciones a los derechos humanos en dictadura. Sus declaraciones se basan en supuestos falsos y contradicen los principios básicos del derecho internacional en materia de verdad y justicia.

Fecha: 14 de noviembre de 2016.

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Sentencias de Consejos de Guerra del periodo 1973-1976 encontradas en el Ministerio de Justicia

El hallazgo demuestra la existencia de archivos de la represión, la cual ha sido sistemáticamente negada por las autoridades. a pesar de que aún no se ha realizado una búsqueda exhaustiva y rigurosa, ni se ha formulado una política nacional de archivos que contemple el tratamiento especializado que requieren los documentos producidos por la dictadura y sus organismos represivos.

Fecha: 13 de octubre de 2016.

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Londres 38 ante las declaraciones de la subsecretaria de Derechos Humanos Lorena Fríes

El gobierno tiene la obligación de aclarar si las declaraciones de la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fríes, comprometen también a la Presidenta de la República en el sentido de que el Congreso "en algún minuto" debe dar el debate sobre un indulto general a criminales de lesa humanidad.

Fecha: 10 de octubre de 2016.

José Avelino Yévenes Vergara, ex agente de la DINA y la CNI. Procesado por numerosos crímenes de lesa humanidad.

Denuncian a represor que trabaja como civil en hospital de Carabineros

La gran mayoría de los funcionarios y empleados del Hospital Dipreca no tenía idea que a diario convivían con un represor de larga carrera en los aparatos de seguridad de la dictadura. Hasta el domingo 25 de septiembre pasado, cuando integrantes de la Comisión Funa desplegaron un lienzo frente al centro hospitalario de carabineros para denunciar la presencia en ese lugar de José Avelino Yévenes Vergara, ex agente de la DINA y la CNI, que está procesado por su participación en numerosos crímenes de lesa humanidad.

Fecha: 27 de septiembre de 2016.

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Ministro de Defensa y jefe del Ejército hacen su aporte a la impunidad

Al menos una treintena de ex agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) aún permanecen en servicio activo en las filas del Ejército, según dijo el propio ministro de Defensa, José Antonio Gómez, luego de explicar que en 1990, al inicio de los gobiernos civiles posteriores a la dictadura, fueran asimilados a la institución castrense más de 1.200 represores. "Quedan muy pocos y se han ido yendo a medida que se cumplen los requisitos", añadió el ministro; es decir, cuando cumplen sus años de servicio y jubilan con las pensiones que reciben las FFAA y las policías.

Fecha: 23 de septiembre de 2016.

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Criminales como Krassnoff no pueden estar libres

El ex oficial operativo de la DINA, Miguel Krassnof Martchenko, condenado a más de 400 años de prisión por múltiples crímenes de tortura, asesinato y desaparición, tiene la posibilidad de obtener su libertad condicional, como beneficio otorgado por los tribunales de justicia. La maniobra de Krassnoff es una "leguleyada" y es posible, entre otros factores, por la responsabilidad política de los organismos estatales, que no han reglamentado el trato a los responsables de crímenes de lesa humanidad que están encarcelados.

Fecha: 09 de septiembre de 2016.

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A poner alto a la impunidad y fin al secreto de archivos Valech

Declaración de organizaciones de derechos humanos y sitios de memoria ante la permanencia del secreto por 50 años de los testimonios entregados ante la Comisión Valech.

Fecha: 05 de septiembre de 2016.

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Inician querella por destino final de desaparecidos en Colonia Dignidad

Una querella contra todos los responsables por las operaciones de exterminio y por la desaparición forzada de prisioneros políticos en Colonia Dignidad durante el periodo dictatorial, fue presentada el pasado lunes 11 de julio, por la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad.

Fecha: 15 de julio de 2016.

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Procesan al ex jefe militar más protegido de la transición

Tuvieron que pasar casi 43 años para que el episodio La Serena de la Caravana de la Muerte se acercara un poco más a la justicia. Ello sucedió el pasado jueves 7 de julio, cuando el juez Mario Carroza procesó y ordenó el arresto a nueve ex militares, entre ellos al ex comandante en jefe del Ejército, general (R) Juan Emilio Cheyre, en calidad de cómplice de quince crímenes.

Fecha: 11 de julio de 2016.

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Demandan pronunciamiento presidencial ante maniobras que buscan impunidad

Su "profundo rechazo" a la campaña orientada a conseguir la excarcelación de los represores recluidos en Punta Peuco, donde cumplen sentencias por crímenes de lesa humanidad, expresaron más de 40 organizaciones de derechos humanos en una carta dirigida a la presidenta Michelle Bachelet, entregada el pasado jueves 30 de junio en la sede del gobierno.

Fecha: 08 de julio de 2016.

Hace un mes, el general Cheyre tuvo que asistir en calidad de inculpado a una reconstitución de escena, ordenada por el magistrado Mario Carroza.

La impunidad asoma otra vez

Rechazo existe entre las organizaciones de derechos humanos ante la amenaza de que una vez más se imponga la impunidad como respuesta a la solicitud de procesamiento del ex jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre, quien ha contado con la protección de sectores influyentes del mundo político e incluso del gobierno.

Fecha: 13 de junio de 2016.

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Desaparición forzada y negacionismo

Los escasos avances en materia de verdad y justicia contradicen el discurso de éxito difundido por distintos actores políticos y mediáticos. En la actualidad solo se conoce el paradero de 148 personas detenidas desaparecidas.

Fecha: 27 de abril de 2016.

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José Huenante: desaparecido en democracia

Solicitan presidio perpetuo para los tres carabineros acusados del secuestro y desaparición del menor José Huenante.

Fecha: 24 de octubre de 2009.

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Toda la verdad Toda la justicia

Folleto con información e infografías sobre la desaparición forzada en Chile, la deuda pendiente del Estado chileno en materias de verdad y justicia, y las continuidades de la represión y la impunidad. Este folleto es parte de la campaña #TodalaVerdadTodalaJusticia, que busca interpelar y exigir que las autoridades tomen medidas necesarias para avanzar hacia la verdad y justicia plena, tanto de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en dictadura, como aquellas que continúan ocurriendo en la actualidad.

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Acción de Londres 38 en La Moneda - Día del Detenido Desaparecido

Imágenes de la acción realizada el 30 de agosto de 2016 en el marco del día del detenido desaparecido. En la acción, Londres 38, espacio de memorias tiñó de rojo las piletas de La Moneda con sombreros de FFAA y Carabineros, como una forma de denunciar la vigencia de la impunidad y pactos de silencio hasta la actualidad. De más de mil detenidos desaparecidos, apenas se conoce el paradero de 148.

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Londres 38 inicia querella para determinar destino final de 85 detenidos desaparecidos

Con el propósito de que la justicia investigue y determine el destino final de 85 personas detenidas desaparecidas, Londres 38 espacio de memorias ha iniciado una querella por los delitos de inhumación ilegal y asociación ilícita contra quienes participaron en estos hechos criminales.

Toda la verdad Toda la justicia (Gonzalo San Juan)

Toda la verdad Toda la justicia

Afiche realizado por Gonzalo San Juan, de "La espora creatividad", participante de la coordinación "Lumazo, Pan, y Circo", realizada en 2016 con un conjunto de organizaciones dedicadas a la defensa, promoción y ejercicio de derechos. Este afiche se sumó a la campaña "Toda la verdad, Toda la justicia", de Londres 38, espacio de memorias, que busca interpelar y exigir que las autoridades tomen una serie de medidas necesarias para avanzar hacia la verdad y justicia plena, y el fin a la impunidad, tanto de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en dictadura, como aquellas que continúan ocurriendo en la actualidad.

Toda la verdad Toda la justicia

Toda la verdad Toda la justicia

Afiche de difusión de la campaña "Toda la verdad, Toda la justicia", de Londres 38, espacio de memorias. Esta campaña busca interpelar y exigir que las autoridades tomen una serie de medidas necesarias para avanzar hacia la verdad y justicia plena, y el fin a la impunidad, tanto de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en dictadura, como aquellas que continúan ocurriendo en la actualidad.