Jóvenes de "caso bombas" mantienen huelga de hambre

Con el fin de denunciar irregularidades en las acciones de la Fiscalía del Ministerio Público, catorce jóvenes imputados de colocar bombas en distintos puntos de Santiago permanecen en huelga de hambre.

Publicado el 13 de abril de 2011

Por más de 50 días, catorce jóvenes imputados de colocar bombas en distintos puntos de Santiago están en huelga de hambre para denunciar irregularidades en las acciones de la Fiscalía del Ministerio Público, que el pasado 4 de abril solicitó penas que van de los 10 años y un día de cárcel, hasta el presidio perpetuo.

El fiscal metropolitano sur, Alejandro Peña -quien además anunció que pasaría a trabajar en el Ministerio del Interior para asesorar a la Subsecretaría de Seguridad Pública-, presentó su acusación en el Octavo Juzgado de Garantía de la capital, especificando las penas solicitadas al tribunal, para cada uno de los procesados.

Las penas más altas recaen sobre los dos presuntos líderes de la supuesta asociación ilícita, según la Fiscalía Sur, Pablo Morales y Alberto Retamales, contra quienes se pide presidio perpetuo simple.

La Fiscalía, junto con solicitar las altas penas, anunció que en el juicio presentará a cientos de testigos y pruebas. Para el jefe de la Fiscalía Sur existen antecedentes suficientes para acreditar los delitos y la participación de los acusados en este caso: "Se encuentra justificada la investigación y así lo han ratificado los distintos tribunales que han conocido. Se encuentra justificada no solo la presencia del hecho punible, que es la asociación ilícita y las colocaciones de artefactos explosivos, sino que también existen presunciones fundadas de participación de cada uno de los acusados", dijo.

En tanto, el abogado de uno de los imputados, Alberto Espinoza, calificó la petición de Peña como "irracional y lejos de la realidad", además de insistir en que no existe la asociación ilícita terrorista, como asegura el fiscal.

Espinoza agregó que a pesar del alto número de evidencias y testigos que -dice- presentará el Ministerio Público, no se podrá probar una asociación ilícita, y a que resulta llamativo que durante cinco años el fiscal Xavier Armendáriz investigara el caso y no obtuviera ningún medio por el cual acusar a nadie por la treintena de bombazos ocurridos en los últimos años.

En paralelo a la petición de penas, el fiscal Peña fue el centro de una aguda polémica por su decisión de trabajar en el Ministerio del Interior. Mauricio Villarroel, la pareja de Andrea Urzúa Cid, una de las procesadas en la causa, acusó un pago de "favores políticos" de parte del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, al renunciado ex fiscal quien podría ocupar un alto cargo en dicha cartera.

"Aquí ha habido una intromisión clara del Gobierno a través del ministro del Interior a cambiar un fiscal que llevaba cinco años en la investigación, el cual con los mismos antecedentes dijo que estas personas no son jurídicamente procesables. En menos de un mes se cambió ese fiscal, llegó el fiscal Peña, el grandilocuente fiscal Peña, y resolvió procesar a 14 personas", dijo Villarroel. "Los favores políticos se pagan, creo que el Ministerio del Interior y este gobierno a través de la cabeza del señor Hinzpeter le está devolviendo el favor de haber procesado a gente inocente en este montaje", añadió.

En tanto organizaciones de derechos humanos visitaron la mañana del sábado 2 de abril a los jóvenes recluidos en la Unidad Especial de Alta Seguridad de Santiago, imputados de delitos de carácter terrorista en el marco del llamado "caso bombas", quienes permanecen en huelga de hambres por más 40 días.

La visita quiso constatar en terreno el estado de salud de los ayunantes, hasta ahora chequeados en forma diaria sólo por personal técnico de Gendarmería, además de constatar las condiciones de reclusión violatorias de derechos humanos y situaciones de tortura (22 horas de encierro diarias, en celdas de 2x3 metros, baño incluido), denunciadas por familiares a la Comisión Ética contra la Tortura.

Todos los jóvenes recluidos por este caso están en huelga de hambre para dar cuenta de estos hechos y exigir la no aplicación de la ley antiterrorista en su contra.

El severo régimen de reclusión a la que están expuestos se debe a la invocación de la ley antiterrorista, lo que incluye amplias facultades de investigación que han derivado en seguimientos a sus familiares, incluidos niños y niñas, cuyas fotos se encuentran en la carpeta de investigación, lo que aumenta la afectación psicológica a la que todos ellos se encuentran sometidos.

La legislación antiterrorista, más allá de la modificación que sufrió tras la huelga de hambre de comuneros mapuche en el 2010, ésta no cumple con los estándares de derechos humanos y afecta el debido proceso, como lo confirmó la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fries, tras visitar a estos jóvenes.