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Directora de Londres 38, sobre redistribución de jueces en causas por violaciones a los derechos humanos

Erika Hennings: “Pedimos que se disponga de los recursos y tiempo necesarios para concluir estas causas con toda la verdad y toda la justicia”

Un total de 1.596 causas pendientes de violaciones a los derechos humanos en dictadura fueron recientemente redistribuidas, sin consultar a víctimas, a familiares ni a organismos de DD.HH.

Publicado el 09 de abril de 2021

Andrea SatoEn enero de 2021, el Pleno de la Corte Suprema de Chile decidió la redistribución de jueces en más de mil causas de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura de Augusto Pinochet, que desde 2013 habían sido llevadas por 12 jueces de dedicación exclusiva.

Esta medida implica un plazo de resolución de sólo seis meses para los nuevos magistrados y magistradas; y no sólo eso: la decisión no fue justificada, tampoco se realizó un diagnóstico del desempeño llevado hasta entonces, ni se consultó ni informó a familiares, víctimas y organizaciones de defensa de los derechos humanos.

Este nuevo atropello al derecho a la verdad y a la justicia, y a la voz de las personas violentadas por el Estado, perpetúa la impunidad e impacta profundamente el curso y los avances de sus causas. Sobre este tema conversamos con Erika Hennings, directora de Londres 38, espacio de memorias, y ex presa política.

La medida tomada por la Corte Suprema, modifica la forma cómo se venían desarrollando las investigaciones en más de mil causas aún pendientes de crímenes en la dictadura, ¿cómo la evalúa?

A 47 años del inicio de los crímenes de lesa humanidad, detenciones, torturas, y desapariciones forzadas, me parece necesario traer a la memoria lo que ha sido este sostenido, largo y duro caminar para conocer la verdad y exigir justicia, pero quisiera agregar también que ha sido un camino de muchos aprendizajes respecto de lo que es, ha sido y debería ser la exigencia al sistema judicial, así como también que el impacto de la justicia tardía -la no justicia-, finalmente trae consecuencias no sólo en los cuerpos y corazones particulares que han perdido por crimen de Estado a sus familiares, si no que al corazón y cuerpo de la sociedad toda. "No son 30 pesos, son 30, 40 y 50 años de injusticias" y, en particular, de no justicia ni verdad sobre estos crímenes: años de desidia, de indolencia, de indulgencia, que han contribuido a la repetición de crímenes del Estado en la actualidad, y a que tampoco la Justicia actúe de forma adecuada, pertinente y a tiempo.

Se me ha venido a la memoria lo que ha sido este transitar en este mundo en el que debimos involucrarnos de manera perseverante. Supimos lo que fueron los Ministros en visita, quienes se abocaban a investigar un caso o un conjunto de casos de crímenes de connotación nacional, aquellos que causaban impacto en la sociedad, es así como conocimos al Ministro Servando Jordán, a Ministro Carlos Cerda, Ministro Cánovas Robles, Ministro Bañados, quienes investigaron crímenes como desapariciones, las listas de los 119, el caso de los 13 miembros de la comisión política del Partido Comunista, el caso degollados, el caso Letelier, y así varias causas que fueron definidas como de connotación pública, pero también les alcanzaban los obstáculos de la voluntad de no justicia, de justicia en la medida de lo posible, estrategias de silencio por pacto de los criminales, protección a los criminales, sobreseimientos, amnistías, y justicia militar.

Luego vino, en 1999, la "mesa de diálogo" donde por cierto no estuvimos presentes y nos "pilló" la noticia de esta mesa que no sabemos cómo dialogó, y sus resultados -que supimos rápidamente fue también con mentiras y omisiones-, causó conmoción porque hablaba de "lanzamientos al mar" de cuerpos de desaparecidos, de entierros y desentierros, causando mucha conmoción en familiares y a nivel país, por lo que se debió designar nuevamente ministros en visita para investigar estos hechos. Luego, a inicios de los 2000, se designan jueces especiales con dedicación exclusiva o preferente; es así como vemos movimientos en muchas causas que investigan las detenciones de nuestros compañeras y compañeros desaparecidos o ejecutados, se investiga para concluir que esas personas sí habían sido detenidas, algo que ya sabíamos, pero ahora es una verdad judicial, las personas fueron detenidas y hechas desaparecer, con testimonios de cientos de sobrevivientes que van a declarar y que en muchos casos son careadas con los propios criminales, con la casi siempre mentira, omisión y pacto de silencio de los perpetradores, se van conociendo los fallos con sentencias en primera instancia de sólo 3 ó 5 años, sin consistencia con los crímenes cometidos, y con demoras en las Cortes de Apelaciones y Suprema de meses y años para llegar a término y que haya sentencia a firme.

¿Cómo califica el trabajo de la justicia y, en particular, el trabajo de los jueces con dedicación exclusiva? sus avances, sus obstáculos.

Como te decía, luego, en septiembre del año 2013, en el marco de los 40 años desde el golpe de Estado, se termina con los jueces especiales y se designan a jueces con dedicación exclusiva, anuncio hecho por el Ministro Dolmestch. De esa manera el poder judicial responde a la declaración pública hecha en el pleno de la Suprema, una suerte de "mea culpa" donde se reconocieron omisiones de responsabilidades durante la dictadura y se destacó en la misma declaración el compromiso del Poder Judicial en el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad.

Cabe señalar que al ser consultado respecto de plazos para la dedicación exclusiva, el ministro Dolmestch señaló: "No se les ha puesto plazo, porque tenemos algunas experiencias en el sentido que no resulta esto de poner plazos a las causas, porque de las causas usted no sabe lo que puede salir. Pero sí, todos debemos estar imbuidos del espíritu que manifestamos en nuestra declaración y hoy estamos requiriendo con mayor fuerza. Además, llevaremos un control de las causas -como siempre ha sido- que lo llevaré especialmente yo en ciertos periodos regulares".

A siete años de esa decisión, el Estado procesal de causas vigentes en primera instancia, al 31 de diciembre de 2020, da cuenta que de un total nacional de 1.596 causas, hay aún 1.190 causas en estado sumario, 131 en etapa de plenario y 275 causas con sentencia en primera instancia. Podemos pensar que se requiere una tarea titánica para los nuevos ministros de dedicación exclusiva, por lo que vemos tremendamente difícil que estos puedan concluir tan tremendo desafío en seis meses, menos aún con el nuevo obstáculo planteado por la pandemia. Por esto, como familiares, querellantes y sociedad civil, pedimos que se disponga de los recursos y tiempo necesarios para concluir estas causas con toda la verdad y toda la justicia, de modo que el impacto sea de garantías para la no repetición de tan grandes crímenes.

Se ha criticado que no se haya consultado o, al menos, informado previamente a familiares de las víctimas, ¿por qué considera usted que deberían ser consultados?

Creemos también necesario que se establezcan canales de escucha para la parte querellante, la experiencia acumulada en lo que han sido las trabas, así como los facilitadores para mejorar los tiempos y eficiencia en las investigaciones no se puede descuidar. Creemos que podemos ejercer nuestro derecho a ser escuchadas.

Descargar carta abierta a la Corte Suprema

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