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Ley de Indulto General

Por una urgente solución a la prisión política en Chile

Durante el estallido social se produjeron más de 23.000 detenciones según cifras que registró la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras su visita in loco en enero de 2020. La mayoría de las detenciones que derivaron en formalización, están relacionadas con la participación de estas personas en las masivas movilizaciones de octubre del año 2019.

Publicado el 24 de junio de 2021

por José Ignacio Vásquez*

Foto Karinna conversatorioRespecto de este grupo, son 2.500 personas aproximadamente quienes estuvieron o todavía permanecen en prisión preventiva, mientras la Fiscalía investiga estos hechos. Estas personas son reconocidas como "presas y presos de la revuelta social". Desde el inicio de las movilizaciones, ha transcurrido más de un año y medio en el que cientos de estas personas han estado dentro de las cárceles y sólo recientemente comenzaron los juicios orales en el mayor número de casos. A esto se suma la constante lucha social por la liberación de estas personas, la que ha sido fuertemente reprimida en sus convocatorias.

El pasado jueves 27 de mayo, el Grupo de Iniciativas por la Libertad de las y los Presos Políticos de la Revuelta, organizó un conversatorio sobre el proyecto de ley que concede indulto general a las personas detenidas en el estallido social, en el que participó Karinna Fernández, en calidad de abogada defensora de derechos humanos. Karinna también integra el equipo jurídico de Londres 38, espacio de memorias. Durante su exposición profundizó sobre el proyecto de ley y el objetivo de esta moción que busca dejar en libertad a estas personas, iniciativa que se rige con estricto apego a la doctrina de los derechos humanos.

Karinna Fernández: "El daño que se ha hecho es irreparable"

Según Karinna Fernández, el proyecto de ley general de indulto "busca una solución a un problema dentro de un contexto determinado", rechazando la postura de la Corte Suprema, que señaló que la moción corresponde a un proyecto de reconciliación. "No es una idea de reconciliación sino justamente lo que busca es solucionar el problema que han tenido muchos de los compañeros y compañeras en relación a un acceso a la justicia, que en Chile se caracteriza por ser una justicia de clase", comenta la abogada, quien participa junto a otros y otras profesionales de la elaboración, redacción y defensa de este proyecto. También afirmó que la iniciativa busca "hacer frente a esta criminalización absolutamente desproporcional, desbordada y carente de cualquier objetividad en los procesos penales".

Las personas que han sido acusadas o condenadas por delitos en el contexto de la revuelta popular iniciada el 18 de octubre de 2019 han experimentado las consecuencias de la prisión política, principalmente con el actuar del sistema judicial que abusa de la prisión preventiva y también por las constantes negaciones a los cambios de aquella medida cautelar por una menos gravosa, como el arresto domiciliario y el arraigo nacional. También, la mayoría de los testigos que declaran en los juicios, algunos en reiterados casos, pertenecen a las instituciones policiales.

Estos perjuicios han afectado a las familias y a las agrupaciones sociales que se manifiestan en las calles para luchar por su liberación, las que han sido detenidas durante las movilizaciones e incluso, agredidas por los funcionarios policiales.

El día jueves 17 se convocó una nueva Jornada de Protesta por la Libertad de lxs Presxs Políticxs. Entre las movilizaciones, destacó la caravana por el indulto general y también el cacerolazo nacional realizado a las 20:00.

También esa jornada, la Asamblea Nacional de Familiares de Prisioneros(as) Políticos(as) de la Revuelta, junto al Grupo de Iniciativas por la liberación de las y los presos de la revuelta, se reunieron con el senador Pedro Araya, presidente de la Comisión de Constitución del Senado, para manifestar la urgencia del proyecto y convocar al senador para tramitar esta iniciativa con celeridad. Según aseguró el parlamentario, el proyecto sería ingresado en tabla durante las próximas dos semanas, concluyendo así el proceso de aprobación de la idea de legislar.

Ley de Indulto

El proyecto fue presentado por cinco senadores en noviembre de 2020, corresponden a: Juan Ignacio Latorre (RD), Isabel Allende (PS), Adriana Muñoz (PPD), Yasna Provoste (DC) y Alejandro Navarro (País Progresista) y, según acuerdo del pleno, el Senado decidió que la idea de legislar debe ser discutida y aprobada por tres comisiones: primero en la Comisión de Derechos Humanos; posteriormente, el día 26 de mayo, fue aprobada en la Comisión de Seguridad Pública; y ahora debe discutirse en la Comisión de Constitución, antes de su votación en el pleno.

Karinna Fernández explicó que este proyecto de ley en discusión extenderá el beneficio para las personas que sean acusadas, formalizadas o condenadas, a diferencia de la figura doctrinaria del indulto que solo beneficiaría a quienes fueran condenadas por estos delitos. Cabe recordar que, aunque actualmente los juicios están llegando a la etapa de sentencia, todavía el Ministerio Público presenta apelaciones para impedir que las personas sean absueltas o, en otros casos, para imponerles una pena más gravosa como es la figura de la prisión preventiva, la más alta y faculta a encarcelar personas sin que se haya evidenciado su participación en la comisión de algún delito.

El indulto es un beneficio penal que permite eximir a las y los condenados del cumplimiento de la pena. Actualmente, en nuestro país, existen dos tipos de indulto: uno general y otro presidencial. El indulto presidencial es una facultad del Ejecutivo que se concede por absoluta voluntad del presidente de la República, un ejemplo de ello, son los indultos otorgados a ex agentes del Estado condenados por crímenes de lesa humanidad. Por otro lado, el indulto general, es una facultad que reside en el Senado, permitiendo que sea presentado un proyecto de ley. Por lo tanto, es una iniciativa que posibilitaría una cobertura más amplia de las potenciales personas beneficiarias de la medida.

El debate

La abogada Karinna Fernández afirmó que la discusión se ha marcado por las críticas de las autoridades del Estado, quienes niegan la existencia de presos políticos en Chile, refiriéndose además a los imputados como delincuentes, sin considerar el principio de inocencia. Ejemplo de esto, fueron las palabras del propio presidente Sebastián Piñera, durante su última Cuenta Pública, el 1 de junio en Valparaíso.

"Un proyecto nunca había sido tan criticado desde el establishment, como éste al momento de su presentación" afirmó la abogada, refiriéndose al veto anunciado por Piñera, las declaraciones del Defensor Nacional y también los voceros del máximo tribunal del país. El negacionismo de la prisión política en Chile ha sido una postura que defiende el Gobierno para evitar que estas personas, a quienes las instituciones del poder califican como "delincuentes", reciban beneficios carcelarios.

A lo largo de su discusión, diversas personas y agrupaciones vinculadas a la defensa y promoción de los derechos humanos, han expresado su preocupación por la condición penitenciaria de las y los presos políticos, sobre todo, en el contexto de la emergencia sanitaria del COVID-19. "No ha existido una óptica de describir, en definitiva, cuáles son las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de libertad en las cárceles chilenas" expresó Karinna Fernández, en el conversatorio.

"La prisión preventiva no solo genera mucho daño, sino también ese tipo de afirmaciones y estándares con los que se hace la persecución, porque lesiona gravemente a las familias. Aquí hay familias que han estado destruidas, han tenido que movilizarse desde regiones, otras personas están solas (…) El daño que se ha hecho es irreparable".

Otra preocupación para quienes apoyan este proyecto de ley es la falta de reparación para aquellas personas que hayan sido objeto del abuso de la prisión preventiva y, posteriormente, fueran absueltos por los tribunales. En esta línea, la abogada también se refirió a la exigencia de una fiscalía con dedicación exclusiva para casos de violaciones a los derechos humanos, demanda ha sido levantada precisamente por profesionales dedicados a estas causas.

Fernández enfatizó en la oportunidad que abre el proceso constituyente para avanzar en materia de derechos pero también para fiscalizar a las autoridades: "Estamos en un momento de la construcción de una Nueva Constitución, que nos sirve para reflejar esto y también para generar esta ley de indulto, esta solución, pero también que nos muestre para cuestionar la sala de máquinas, sobre quiénes son los que resuelven elementos fundamentales de nuestras vidas, que son los jueces y juezas, y los fiscales (...)".

Según datos oficiales, la prisión preventiva en casos de la revuelta social ha sido utilizada en más del doble de casos respecto de los otros delitos, demostrando un abuso de la medida cautelar más gravosa del sistema penal. (Más información en el artículo de CIPER Académico "Prisión política en el Chile democrático: un nuevo debate incómodo" que puedes leer pinchando aquí).


*José Ignacio Vásquez es estudiante de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado y practicante del Área Comunicaciones y Prensa de Londres 38, espacio de memorias.

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