A finales de marzo de 2025 el poder judicial informó que la ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza González, condenó a oficiales de Ejército en retiro, pertenecientes a la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) y al Estado Mayor General del Ejército, "por su responsabilidad en el delito de infidelidad de custodia de documentos con grave daño a la causa pública, al incinerar archivos de la disuelta Central Nacional de Informaciones (CNI), entre 2000 y 2001." Se trata de una querella presentada por Londres 38 en el año 2017 y después vinculada al caso Frei.
En el fallo, se detalla que se condena al "otrora general Eduardo Abel Jara Hallad y a la entonces teniente coronel Mercedes del Carmen Rojas Kuschevich a 3 años y un día de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada por igual lapso, accesorias legales de inhabilitación absoluta para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos mientras duren las condenas; más el pago de una multa de 21 UTM y las costas, como autores del delito". En tanto, el general en retiro Carlos Patricio Chacón Guerrero "recibió una condena de 200 días de reclusión, con el beneficio de la remisión condicional de la pena por el término de un año, accesorias de suspensión de cargos y oficios públicos mientras dure la condena y el pago de una multa de 21 UTM y costas, como encubridor del ilícito".
¿Cuál es la valoración que se hace del fallo en torno a la incineración de archivos?
Respecto a la sentencia de la ministra Paola Plaza, estableció y zanjó que hechos posteriores a 1990, es decir, de 2000 y 2001, tienen conexión con crímenes de lesa humanidad, y por lo tanto reconoce su carácter de imprescriptibilidad. Es un avance sustantivo en el abordaje a este tipo de conflictos jurídicos y este tipo de acciones delictivas. La segunda parte, que es muy importante, es que ella reconoce que existe una política institucional de impunidad y de ocultamiento de información. Eso es relevante históricamente y jurídicamente, pero también en el marco de cómo el poder judicial emite pronunciamientos en términos de control institucional. Hoy día, cuando gran parte de las instituciones están mostrando sus diferentes flujos de poder, su desintegración en cuanto a responder a sus estándares institucionales, el fallo viene a destacar un control institucional muy relevante en términos técnicos jurídicos, políticos y en esta idea del control institucional. Y además, hace una integración adecuada de lo que entendemos por control de convencionalidad en el mismo fallo, y aplicación del derecho internacional de los derechos humanos. Es un fallo muy bien argumentado con una alta incidencia y relevancia a propósito de los crímenes de la dictadura y a propósito de los hechos que tendieron a generar la impunidad con posterioridad a los años noventa. Tienes un espacio temporal, que son los 2000, que se relacionan directamente con hechos posteriores a la detención del dictador Augusto Pinochet. Entonces si uno hace la contextualización histórica de cuándo ocurrieron estos hechos, el pronunciamiento de la ministra Paola Plaza es muy sustantivo.
¿Cómo se vincula este fallo con lo que dio a conocer el último libro de Phillipe Sands en cuanto al respaldo dado por el gobierno de la época a Pinochet para librar de la justicia internacional? En las últimas semanas se estuvo hablando mucho sobre el rol del Ejército y el gobierno, de toda la institucionalidad chilena a fines de los 90 e inicios de los 2000 en materia de impunidad.
Hay una declaración en prensa de José Miguel Insulza que dice algo así como que "nosotros no estábamos rescatando al dictador de los setenta sino que al senador de los noventa". Eso es una buena idea de cómo abordar la relación que tiene el escrito de Phillipe Sands a propósito del rol de un poder ejecutivo que desplegó acciones positivas para que la acción de la justicia no alcanzara al principal culpable de la época genocida en Chile. Eso es súper importante de constatar, porque hay actos positivos -como lo dicen las diferentes hipótesis de encubrimiento- para sustraer de la acción de la justicia al culpable o al delincuente. Entonces la relación es súper directa. Tienes a un poder ejecutivo desplegándose en términos oficiales, y de alta agencia política, para lograr la impunidad y la protección del principal responsable de la dictadura en Chile.
Es bien paradojal que mientras ocurrían hechos como la incineración de archivos o la elaboración de documentos para traer al dictador, en Chile se hacía un supuesto esfuerzo institucional como la Mesa de Diálogo. ¿Todo lo que se ha conocido da cuenta que este tipo de acciones no era un efectivo avance hacia la justicia?
Tan paradojal es que a la vez que se quemaban archivos, en 2000 y 2001, a la vez que se hacían esfuerzos por proteger de la acción de la justicia internacional al dictador Pinochet, se vendían los tres helicópteros Puma a un precio irrisorio y entre ellos tenemos el helicóptero Puma involucrado en uno de los primeros vuelos de la muerte. Está en el Reino Unido gracias a la acción de sustracción de la memoria institucional de las especies. Entonces, es interesante ver cómo bitácoras de vuelo se perdieron, registros institucionales se pierden, a propósito de esa venta de helicópteros, y por lo tanto reafirmo la idea de lo irrisorio, la burla que se hace desde la institución a las víctimas y las familias con situaciones como la Mesa de diálogo. Es una muestra no sólo de hipocresía sino que, derechamente, de desidia frente a la lucha por los derechos humanos en Chile, sostenida fundamentalmente por víctimas y familiares. Esa ha sido la moneda de cambio que ha entregado la institucionalidad en Chile a la sociedad en su conjunto.
Pero más paradójico aún es que un presidente como Eduardo Frei Ruiz-Tagle está cerca de ser el victimario que le da impunidad al delincuente principal que es Pinochet, y en ese tiempo histórico los archivos que se queman dicen relación con las acciones de inteligencia de la CNI en el período 80-82, en el que una de las víctimas principales en esta causa era su padre, Frei Montalva. Por lo tanto, ese traslape histórico de cómo un sujeto puede transitar de víctima a victimario se permite con este tipo de paradojas que genera la justicia transicional en Chile.
Trayendo este fallo de la jueza Plaza al presente, ¿cómo conversa con el presente en un momento en que el país está en un esfuerzo institucional como es el Plan Nacional de Búsqueda? ¿Qué indica ese fallo respecto a lo que se puede seguir haciendo, el valor que pueden seguir teniendo archivos, los esfuerzos que hay que hacer en esa materia para dar con nuevas verdades?
Es muy importante el fallo en el tenor de reconocer la imprescriptibilidad de hechos, archivos, cualquier tipo de información que tenga relación con la comisión de ilícitos asociados a la dictadura. En ese sentido se reconoce la categoría de delitos conexos a los crímenes de lesa humanidad y por lo tanto no hace una interpretación restrictiva o meramente formal de lo que es el catálogo de delitos de lesa humanidad, sino que lo extiende, en el contexto del carácter de impunidad e imprescriptibilidad que tiene la acción del Estado. Asociado a que es el Estado el que tiene el control de todos los medios de prueba, y es el Estado el que tiene esa obligación de registro, el Estado, que es una maquinaria gigantesca, y su nivel de daño engloba a la sociedad en su conjunto, y no solamente a la víctima en particular. Por eso, se hace más interesante el fallo en relación a lo que se puede descubrir hoy con los diferentes archivos que todavía las Fuerzas Armadas no han entregado en su totalidad, y toda la información que ellos han ocultado a la sociedad chilena. Eso lo reconoce el fallo de la ministra.
¿Dónde se enmarca este éxito jurídico en la línea de trabajo que tiene Londres 38?, ¿llevan otro tipo de procesos?
Este hito exitoso, que aún hay que defender en cortes de apelaciones, por supuesto, se enmarca dentro de esa búsqueda por toda la verdad y toda la justicia. Se enmarca también en el despliegue de acciones judiciales como, por ejemplo, la búsqueda de responsabilidad y de verdad y justicia asociada a la pesquera Arauco y en general, tanto a la acción de figuras macro criminales de desaparición forzada, que involucran diferentes tipos de colaboración -como en el caso de lo que fue el despliegue de toda la infraestructura de la pesquera Arauco-, y también de complicidades económicas asociadas a este tipo de ilícitos. Se enmarca también dentro de la investigación que se sigue haciendo en relación a la desaparición forzada y al lanzamiento de personas al mar. Pero también con figuras presentes como las querellas a propósito del estallido, que han sido bastante, por decir lo menos, ingratas. Se ha trabajado muchísimo a propósito de las querellas contra el alto mando de Carabineros a propósito de su omisión ante los apremios ilegítimos ejercidos durante el periodo de octubre del 2019 a marzo de 2020.
Estos esfuerzos chocan con algunas noticias bien lamentables en términos de impunidad, como que la Fiscalía no va a perseverar en la búsqueda de justicia para más de mil casos. Es triste ver que al paso de los años haya una renuncia a la justicia tan grande.
Claro, es súper importante establecer que aquí existe una protección institucional a Carabineros y a las Fuerzas Armadas en su conjunto, pero claro, la fiscalía se ha alineado con eso, con una generalidad de decisiones de no perseverar, fundamentalmente porque, en su oportunidad, no se ejercieron las acciones necesarias para develar y compilar todos los antecedentes. Al ser instituciones estatales tienen el monopolio de todos los medios de prueba, por lo tanto el no funcionamiento de las cámaras Gopro, el no funcionamiento de los radares GPS de los vehículos… Hay que entender que Carabineros forma parte de los colaboradores de la administración de la justicia, de la fiscalía a la hora de investigar; por lo tanto, es una destrucción entera de una institucionalidad el hecho de que se consagre la impunidad. Yo miro con buenos ojos, a propósito de la noticia de Ciper que mostró los videos de la cámara Gopro del agente Crespo Guzmán, y qué bueno que existan algunos fiscales que investiguen y que logren incorporar antecedentes a las carpetas investigativas que develen una verdad. Lamentamos que existan otras víctimas en Chile que no tuvieron la suerte de contar con toda la información para poder acceder a la justicia y que nuevamente sea el poder judicial el que también sea parte de este resguardo institucional que se le hace a Carabineros a propósito de toda la impunidad y las bajas condenas que los pocos culpables han tenido. La reflexión que trato de señalar es que tanto el poder judicial como la fiscalía no han estado a la altura de los desafíos de verdad y justicia en razón de las víctimas y la sociedad chilena en general.
