Es inaceptable el fallo de la justicia que absuelve al ex carabinero Claudio Crespo, responsable de la mutilación de los ojos de Gustavo Gatica. Es inadmisible la impunidad ante este grave caso de violación a los derechos humanos, así como en los miles de casos del estallido social que permanecen sin juicios ni responsables.
El tribunal estableció la responsabilidad de Claudio Crespo en las graves lesiones que provocaron la ceguera total de Gustavo Gatica, pero al mismo tiempo, lo absolvió argumentando la legítima defensa, en lo que es la culminación de una serie de decisiones de diversos poderes del Estado que han consagrado la impunidad para los agentes estatales que desplieguen la violencia contra civiles.
Para que ello fuera posible se necesitó que el Congreso aprobara la ley Naín-Retamal, con el apoyo de parte del actual oficialismo, que el gobierno la promulgara, pudiendo haberla vetado, y que el Ministerio Público hiciera su parte archivando o desestimando, sin investigar, miles de denuncias contra Carabineros y las fuerzas armadas, por maltrato, torturas, o mutilaciones sufridas por manifestantes durante la revuelta social de 2019, y aplicando bajísimas penas en los pocos casos en que se llegó a una sentencia.
No se puede hablar de democracia con este nivel de injusticias ante vulneraciones a la vida, la integridad física y psicológica. Se deben agotar todas las instancias para revertir este intolerable actuar de tribunales.
Desde Londres 38 en su momento advertimos sobre los peligros de la aplicación de la Ley Naín-Retamal y su vocación de impunidad, privilegiando a funcionarios por el solo hecho de contar con el monopolio de la fuerza y llevar un uniforme, cuestión que se ve confirmada hoy con la absolución de Crespo.
Preocupa que el Poder Judicial niegue una sanción oportuna y proporcional de los delitos perpetrados por agentes estatales, porque finalmente el uso de las armas queda a criterio del funcionario sin consecuencia alguna, cuando la fuerza policial chilena ha demostrado un total desconocimiento de lo que requiere el uso racional y proporcional, así como las exigencias del respeto a los derechos humanos. Lo anterior es una señal más de la impunidad estructural que el mismo Estado ha propiciado.
El poder político siempre encuentra una manera de disfrazarse de legitimidad jurídica para su impunidad. Se han entregado todas las herramientas posibles para consagrar la impunidad y respaldar la coerción y criminalización de todo tipo de movilizaciones. Hoy, todo el repertorio alcanzado y conquistado por las movilizaciones del siglo XX está retrocediendo.
Estas decisiones tienen múltiples consecuencias.
- Por una parte naturalizan los procedimientos represivos desplegados por agentes estatales al defenderlos como legítimos y necesarios.
- Se justifica el blindaje judicial que permite evadir toda sanción en los tribunales, asegurando un trato excepcional, ajeno a los más básicos estándares internacionales en materia de derechos humanos.
- Se afecta gravemente, y en la práctica se conculca, el derecho a la libre expresión y a la protesta, fundamental en todo régimen democrático
- Estas prácticas y los discursos justificatorios anulan toda garantía de no repetición y, una vez más, convierten la promesa transicional del Nunca más en una promesa vacía.
Hoy vienen por estos derechos, mañana serán otros. Por ello, nos comprometemos y llamamos a redoblar los esfuerzos y la unidad en torno a su defensa, y a resistir la ofensiva que estos precedentes anuncian.
