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Confirman condenas contra once ex agentes DINA por desaparición forzada de 19 personas

Ricardo Lawrence continúa prófugo
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Publicado el 25 de enero de 2016

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Entre los condenados está Ricardo Lawrence Mires, quien se encuentra prófugo desde hace más un año, pese a las sentencias dictadas en su contra por otros crímenes.

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La Segunda Sala de la Corte Suprema confirmó, en fallo dividido, las penas de presidio efectivos de once ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), por su responsabilidad en la desaparición forzada (secuestros calificados) de 19 personas, además del homicidio calificado de Humberto Menenteau.

Las personas detenidas desaparecidas incluidas en esta carpeta investigativa -denominada Villa Grimaldi- son Guillermo Beausire, Alan Bruce, Jaime Vásquez, Manuel Antonio Carreño, Iván Carreño, María Teresa Eltit, María Isabel Joui, Jacqueline Drouilly, Juan René Molina, René Acuña, Carlos Carrasco, Hugo Ríos, Agustín Martínez, Juan Mac-Leod, María Julieta Ramírez, Luis Palominos, Marta Neira, César Negrete y Alejandro Ávalos, que en su mayoría fueron secuestradas durante 1974. Varias de estas personas estuvieron además en otros centros de represión, como en José Domingo Cañas, Cuatro Álamos y Londres 38.

Ricardo Lawrence continúa prófugoRicardo Lawrence continúa prófugo

La sentencia de primera instancia, dictada por el ministro en visita Leopoldo Llanos, el 27 de junio de 2014, y confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago en septiembre pasado, condenó a los represores Pedro Espinoza, Fernando Lauriani, Miguel Krassnoff, Gerardo Godoy, Ricardo Lawrence a 20 años de presidio por la participación de cada uno en los crímenes.

Además, los ex agentes Rolf Wenderoth, Basclay Zapata, Manuel Carevic, Raúl Iturriaga Neumann y César Manríque deberán cumplir 15 años y un día de presidio por los crímenes en la carpeta investigativa de Villa Grimaldi. En tanto Orlando Manzo fue condenado a 10 años y un día de presidio por el secuestro de Jacqueline Paulette Drouilly Yurich.

En el aspecto civil, se confirmó que el Estado debe pagar una indemnización total de $1.850.000.000 a los familiares demandantes, en sumas que van desde los $50.000.000 a los $150.000.000, según indica detalladamente la sentencia.

La mayoría de los represores se encuentran cumpliendo penas de cárcel por otros crímenes, con la excepción de Ricardo Lawrence, quien está prófugo pese a tener condenas a firme por otros crímenes en los que participó.

Ver texto completo del falloVer texto completo del fallo

 

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