Entre los planteamientos del documento, se señala que es necesario que esta institución pública sea la encargada de la recopilación, conservación y acceso a los archivos sobre la represión y derechos humanos, y al mismo tiempo participe de los esfuerzos para terminar con el secreto y restricciones de acceso a la documentación de las comisiones Rettig y Valech, y de las iniciativas para derogar las facultades de las FFAA, policías y Ministerio de Defensa, que les eximen de la obligación de depositar sus documentos en el Archivo Nacional, y les permiten eliminarlos sin consulta a ninguna otra instancia. La carta también da cuenta de la necesidad de fortalecer la institucionalidad y el marco legal de los archivos públicos en Chile, a fin de contribuir al término del secretismo y la impunidad en Chile.
A continuación, reproducimos el texto íntegro de la carta:
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Santiago, marzo de 2017 Estimada En los últimos años, Londres 38, espacio de memorias, ha trabajado y realizado diversas acciones para evidenciar la falta de políticas orientadas a la recuperación, conservación y acceso público de los archivos de la represión y derechos humanos en Chile. Diversos hallazgos y recuperaciones parciales de conjuntos de documentos y/o archivos de la represión o comisiones de la verdad (Rettig y Valech), dan cuenta de la dispersión y la ausencia de una responsabilidad clara, institucional y pública de parte del Estado como garante del derecho a la verdad, el acceso a la información pública, y a la justicia, entre otras dimensiones vinculadas al rol clave que pueden tener este tipo de archivos. Algunos de estos documentos recuperados son las fichas de Colonia Dignidad (entregadas por el juez Jorge Zepeda al INDH); los télex de la CNI encontrados en el actual edificio de la Fundación Salvador Allende, parte de un conjunto mayor cuyo destino se desconoce; las fichas sobre sentencias de Consejos de Guerra hallados en el edificio del Ministerio de Justicia en 2016 y el reciente hallazgo por Gendarmería, de los libros de registro de prisioneros del ex campo de prisioneros de Pisagua. Respecto de estos documentos solicitamos a usted nos informe sobre las acciones y medidas que el Archivo Nacional ha dispuesto para asegurar su debida custodia, conservación y acceso público, así como también respecto a otros conjuntos de documentos sobre la represión y los derechos humanos, puesto que sabemos que esta tarea debe estar a cargo del Archivo Nacional, pues es la institución pública especializada cuya misión comprende el tratamiento de los archivos del Estado y aquellos de interés ciudadano, generados por la acción privada, y porque su trabajo se ciñe a las políticas de transparencia y acceso a la información pública, y a la observación y fiscalización que puedan ejercer como contraparte las organizaciones de la sociedad civil como la nuestra. Si bien Londres 38 valora y defiende el rol de los archivos de las organizaciones de derechos humanos (como nuestro propio archivo), consideramos fundamental que aquellos documentos de carácter público estén a cargo del Archivo Nacional, pues es la única institución que puede responder a una política pública, de alcance nacional, fundada en el interés público y en la garantía del derecho al patrimonio, a la memoria, y a la verdad. Por otra parte, el carácter particular de este tipo de archivos, requiere políticas especiales que es necesario debatir públicamente y adoptar a la brevedad, a fin de distinguirlos de otros archivos públicos, comprendiendo que son parte del patrimonio nacional, pero también una herramienta importante para la búsqueda de más verdad y más justicia en las causas de violaciones de a los derechos humanos. En coherencia con lo anterior, llamamos al Archivo Nacional a reforzar las iniciativas para terminar con la cultura de secretismo al interior del Estado, jugando un rol proactivo en la apertura y acceso a los archivos de las comisiones Rettig y Valech (ésta última aún bajo 50 años de secreto), y en el impulso al proyecto de ley que modifica el decreto N°5.200, de 1929, del Ministerio de Educación Pública, para suprimir la eliminación de archivos y antecedentes por parte del Ministerio de Defensa Nacional, y de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública" (Boletín 9958-17), y restablece la obligación de traspasarlos al Archivo Nacional y, por tanto, permitir su uso público. En su tramitación en la Cámara baja, la comisión de Defensa, y el propio Ministerio de Defensa introdujeron modificaciones que nos parecen inaceptables, pues perpetúan y legitiman el secretismo y el trato diferenciado a las Fuerzas Armadas en materias de transparencia pública y obligación de conservación y acceso a los archivos. Londres 38 continuará señalando públicamente que los archivos sobre derechos humanos y represión, referidos al pasado o al presente, no pueden ampararse en razones de seguridad nacional, puesto que los temas de defensa son también de carácter e interés público, y por lo tanto, no deben tener un trato diferenciado que contribuya al secretismo y la impunidad del Estado. El Archivo Nacional reúne actualmente las condiciones y competencias para hacerse cargo de todos los archivos públicos. Junto con ello creemos que también es necesario fortalecer la institucionalidad archivística del Estado y el marco legal, evitando la privatización del patrimonio documental, a través del impulso de una política nacional de archivos que esté a la altura de un país que busca profundizar la democracia y el ejercicio efectivo de los derechos. #NoMásArchivosSecretos Londres 38, espacio de memorias Adhieren a esta carta: Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos |
