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¿La sociedad civil debe tener un rol en la elección de los miembros de la Corte Suprema en Chile?

Esta interrogante plantea un debate, aún no abordado, en torno a la ausencia de participación de la sociedad en la designación del máximo tribunal y a la débil autonomía del Poder judicial respecto del ejecutivo y el parlamento.

Publicado el 07 de octubre de 2020

corte supremaEn Chile, el mecanismo del nombramiento de quienes integran el poder judicial se encuentra establecido en la Constitución del 80. En el caso de los y las ministras de la Corte Suprema, consiste en una designación que realiza el presidente de la República, a partir de una nómina de cinco personas elaborada por la Corte Suprema a puerta cerrada con integrantes exclusivamente del Poder Judicial. Finalmente, la designación presidencial debe ser aprobada por dos tercios del Senado.

En dicho proceso no existe un espacio regulado ni previamente establecido que asegure el derecho de la sociedad civil a ser oída. Tras un proceso de justicia transicional fallida, tardío y fragmentado, actualmente enfrentamos una situación caracterizada por altos niveles de desigualdad, la existencia de zonas de sacrificio ambiental, y la continua violencia estatal que se ha agudizado desde el 18 de octubre se generó un amplio debate en el mundo político y parlamentario, impulsado desde las organizaciones defensoras de los derechos humanos, ambientalistas y feministas, a raíz de la postulación de parte del ejecutivo del juez Raúl Mera a la Corte Suprema. En diversos fallos, el actuar de este juez afectó los intereses sociales y de las víctimas generando un amplio rechazo a su designación, la cual, finalmente, no fue ratificada por el Senado. En esa oportunidad, las expresiones de una sociedad civil, carente de un espacio concreto de participación efectiva en el proceso, causaron revuelo y no estuvieron exentas de críticas.

Esta situación, visibilizada por organizaciones como Londres 38, espacio de memorias, puso en el debate el mecanismo a través del cual son electos los jueces del máximo tribunal del país y la legitimidad del proceso mismo. Diversas experiencias, especialmente de cara a un proceso constitucional, demuestran la necesidad de preguntarse si es posible y necesario: ¿modificar el actual sistema de elección de los jueces de la Corte Suprema y permitir la separación de poderes del estado?, ¿son pertinentes las audiencias públicas para el nombramiento de las y los jueces?, ¿estas audiencias, deben ser consultivas, legitimantes o incidir efectivamente en el nombramiento de las y los jueces?, ¿debe conocer la sociedad civil la metodología de evaluación que utilizan los jueces para nombrar a sus pares en una quina?¿deben los parlamentarios fundamentar sus votos, para conocimiento público?, ¿debe ser este procedimiento un tema a debatir en el proceso hacia una nueva Constitución para el país?.

Para abordar estas y muchas más preguntas, Londres 38, en conjunto con Konrad Adenauer Stiftung, organizó el webinar ¿La sociedad civil tiene un rol en la elección de los miembros de la Corte Suprema en Chile?, con el propósito de abrir este debate en la sociedad chilena, con una mirada latinoamericana.

El webinar se realizará este jueves 8 de octubre a las 17.00 horas Chile, 16.00 horas Washington DC, 15.00 horas Colombia. Participarán como panelistas:

-Lya Cabello, fiscal judicial de la Corte Suprema de Chile.
-Karinna Fernández, abogada Londres 38, espacio de memorias.
-Úrsula Indacochea, directora Programa Independencia Judicial, DPLF.
-Mauricio Olave, presidente del Instituto de Estudios Judiciales - juez penal.

Con la moderación y conducción de Marie Christine Fuchs, directora programa estado de derecho para Latinoamérica, Konrad Adenauer.

La actividad será transmitida por el Facebook Live de Londres 38, espacio de memorias.

Afiche foro

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