Luego de los 50 años del Golpe, el Estado parece haber olvidado otra vez la memoria. Hoy hay dos sitios de memoria (Centro Cultural y Museo y Memoria Neltume y Casa Memoria José Domingo Cañas) que han tenido que cerrar y otros once sitios que corren peligro de ver suspendidas sus actividades por no tener seguridad de financiamiento, ni siquiera en los montos básicos comprometidos en 2023. En esto tiene directa responsabilidad el gobierno de Chile, que no ha sido capaz de garantizar los recursos. ¿Así querían que se trabajara y difundiera la memoria del terrorismo de Estado ocurrido en el país?
El gobierno no ha comprendido la importancia que tienen los sitios en las obligaciones que tiene el Estado en materia de derechos humanos y, en especial, en garantías de no repetición. Esto cobra mayor relevancia cuando además de mantenerse la impunidad respecto a los crímenes de dictadura, no se ha logrado la voluntad política necesaria para condenar la violencia de Estado en el presente, con las violaciones a los DDHH en el estallido.
Hacemos un llamado a la inmediata reposición de fondos desde el programa de sitios de memoria, para el que no se ha gestionado con celeridad los dineros que permitan la subsistencia de los sitios a los que se les prometieron fondos permanentes que ahora resulta que son concursables, introduciendo en el trabajo de los sitios de memoria una lógica de competencia en lugar de la necesaria complementariedad y colaboración.
Desde Londres 38 manifestamos que la memoria y los derechos humanos no son concursables, que los debe garantizar el Estado y que se requiere de una política permanente de financiamiento que elimine la incertidumbre, garantice la labor de los sitios y respete los derechos de sus trabajadores y trabajadoras, para que sea reflejo de un compromiso verdadero con la verdad y la justicia. El país debe saber que el desfinanciamiento de los sitios contribuye al negacionismo y a la impunidad, lo que no podemos aceptar.
