A seis años de aquel 18 de octubre de 2019, desde Londres 38, espacio de memorias, levantamos nuestra voz para reivindicar el movimiento social masivo, diverso y profundamente esperanzador que irrumpió en todas las esquinas de Chile. Fue un despertar colectivo que clamó por justicia, dignidad y un país más humano, y que hoy algunos sectores reaccionarios intentan reducir, desde el discurso del "octubrismo", a una caricatura violenta y destructiva.
Quienes buscan borrar de la memoria histórica la potencia de aquel momento olvidan deliberadamente la inmensa y transversal organización popular que floreció. En cada población, plaza y comunidad se crearon cabildos para reflexionar y proyectar los cambios anhelados; se levantaron ollas comunes para sostener la vida y la lucha; y surgieron miles de colectivos unidos por causas justas. Fuimos, y seremos, multitud.
Hoy, sin embargo, queremos señalar con dolor y firmeza que el Estado es responsable no solo de la represión en las calles, sino también de las consecuencias que se extienden en el tiempo. Responsabilizamos al Estado por todos los casos de víctimas de la represión policial cuyas vidas han terminado en suicidio, arrastradas por el trauma y la desesperanza que genera la violencia institucional impune.
Llamamos a la sociedad a no permitir que la desidia prevalezca ante estos dramáticos decesos. Cada suicidio de un compañero o una compañera es una trayectoria de lucha truncada y una vida humana irrecuperable. No podemos, ni debemos, naturalizar este grito silencioso de dolor que es también una consecuencia directa de la represión.
Las cifras de impunidad son abrumadoras y escandalosas. De las 10.142 causas ingresadas por violencia institucional durante el Estallido Social, apenas existen 55 sentencias condenatorias -según datos de abril de 2025-. Peor aún, el Ministerio Público decidió no perseverar en 1.509 causas donde se denunciaban violaciones a los derechos humanos. Esta es la cruda realidad que desnuda un sistema diseñado para la impunidad.
Ante estos hechos, reivindicamos las luchas que dieron estos jóvenes antes de ser víctimas de la represión. Su compromiso por un Chile más justo no debe ser opacado por la brutalidad que sufrieron. Recordamos también a los y las compañeras que siguen privadas de libertad, a las víctimas de trauma ocular que continúan sin una reparación integral y a todos quienes cargan con las secuelas físicas y psicológicas de la violencia estatal.
Por ello, hacemos un llamado urgente a la sociedad a no criminalizar el Estallido Social y a no cejar en la exigencia de verdad y justicia. No podemos permitir que se condene a un pueblo por protestar mientras se absuelve a un Estado que reprimió sistemáticamente. Recordamos a todos y todas que también tú, que lees esto, pudiste ser una víctima.
Reafirmamos que todos y todas tenemos el derecho inalienable a la protesta, a exigir derechos y a construir un futuro distinto. La defensa de los derechos humanos es una tarea de todos los días, y hoy más que nunca, es un imperativo no olvidar.
No olvidamos a los compañeros. No aceptamos la impunidad. Seguiremos luchando por la verdad, la justicia y la memoria de sus luchas por un país más justo y solidario que permanecen vigentes y siempre latentes.
