Al cumplirse seis años desde el inicio del estallido social y la revuelta popular, desde Londres 38, espacio de memorias, conversamos con la abogada Karinna Fernández, profesional especializada en derechos humanos, en cuya trayectoria destaca su trabajo en nuestro sitio de memoria, desde donde contribuyó a la búsqueda de verdad y justicia respecto a los crímenes de la dictadura, pero también de los cometidos por los agentes del Estado durante las protestas de 2019 en adelante.
En la conversación, Fernández reflexiona respecto a la impunidad que ha imperado en los últimos años, el significado de los suicidios de víctimas de la represión y el futuro de la causa contra el alto mando de Carabineros por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social, de la cual es una de las abogadas querellantes.
Recordemos que el jueves 17 de octubre de 2024, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago formalizó a los generales (r) de Carabineros Ricardo Yáñez, Mario Rozas y Diego Olate, imputados por su presunta responsabilidad de mando en los delitos de apremios ilegítimos por omisión durante el estallido social.
¿Cómo evalúas el rol de la Justicia y el Estado en materia de verdad, justicia y reparación a las víctimas de la represión, a seis años del estallido?
Sobre el rol de la justicia y el Estado en materia de verdad, justicia y reparación, efectivamente hay que distinguir que efectivamente un porcentaje muy alto de las más de diez mil denuncias que se presentaron ante el ministerio público no tuvieron frutos en términos de justicia y acceso a la misma; de hecho algunas de ellas en un porcentaje alto ni siquiera llegaron a tramitación judicial y fueron desestimadas a través del mecanismo de decisión de no perseverar por el ministerio público, sin un mínimo de investigación adecuada y debida diligencia que permitiera a las víctimas acceder a la verdad de lo ocurrido y el establecimiento de responsables, que es el estándar que se exige en materia internacional respecto de crímenes perpetrados por agentes estatales. Y seguramente lo más complejo de esto es que esta impunidad por el hecho de que ni siquiera los casos llegaron a ser judicializados significa que estos agentes permanecen al interior de las instituciones, lo que se vincula con un daño estructural al derecho no solo de la integridad de las víctimas, sino también a los riesgos que significa la protesta social en un país que no tomó a seis años de los hechos medidas adecuadas tanto en políticas públicas como institucionales y de decisiones judiciales respecto de lo que significa los crímenes perpetrados por agentes estatales.
Respecto de los casos que llegaron a judicialización, un tres por ciento alcanzó sentencias condenatorias, y en su mayoría sentencias condenatorias no efectivas, no firmes y no proporcionales, que es el otro estándar que también asegura la no repetición de estos delitos. El negacionismo en ese sentido también fue instalado comunicacionalmente a través de discursos públicos, lo que tampoco ayudó al establecimiento de la verdad.
En materia de reparación, como sabemos, no existió un mecanismo apropiado de reparación para las víctimas, pero además no se les incorporó en los discursos públicos respecto de estos hechos por parte del Estado -y en particular por parte del gobierno- que significara una protección de las víctimas. Y adicionalmente, incluso en las escasas medidas que se abordaron para reparar a las víctimas o de alguna forma restituir los derechos, estas se vieron mermadas con las decisiones como las de quitar los beneficios o cierta idea de reparación económica a víctimas que habían tenido antecedentes penales, lo que claramente está en contra de cualquier forma de reparación en casos de graves violaciones a los derechos humanos.
¿Qué significa para el país los suicidios de las víctimas de represión? ¿Qué indican respecto a las deudas del Estado?
Creo que los suicidios, que no habíamos visto en esta magnitud respecto de otros períodos represivos en Chile o ni siquiera a nivel global, reflejan justamente la falta de reparación integral por parte de las nuevas autoridades, pero sobre todo esta idea de negación a su propia existencia y consideración, y cómo (no hubo) ningún esfuerzo dirigido a revertir los derechos que habían sido vulnerados y a ponerlos en una posición de restablecimiento de derechos. Creo que todo eso impacta finalmente en la integridad de las víctimas de tal forma que los llevan a tomar esta decisión que creo que debería tener un significado para el país y para la historia y las narrativas generadas post esta represión que vivimos y sobrevivimos en Chile, y en particular sobrevivieron las víctimas.
¿En qué está el proceso contra el alto mando de Carabineros?
La causa se encuentra en etapa de investigación, todavía estamos recabando antecedentes después de -tal como destacó incluso la relatora de Naciones Unidas recientemente- la histórica formalización de tres altos mandos judiciales, que por lo demás fueron alto mando durante el estallido y durante este gobierno. Actualmente tenemos frecuentes problemas en el acceso a la información para esta causa respecto de antecedentes para la misma, porque muchos de los antecedentes se encuentran en poder de Carabineros y se generan una serie de obstáculos para la obtención de estos antecedentes por parte del ministerio público; también nosotros tuvimos un problema importante respecto de antecedentes que habíamos requerido de las comunicaciones entre el abogado Luis Hermosilla y ex fiscal Guerra que habían surgido al interior incluso de los consejos fiscales durante la tramitación de esta causa, y la fiscal Parra se negó a entregar esta información; eso significó una judicialización de este debate que finalmente la Fiscalía Centro Norte perdió frente a la Fiscalía Oriente, lo que demuestra cómo diversas instituciones también van generando obstáculos para el acceso a la información en esta causa.
¿Y qué es lo que sigue?
Nosotros el 11 de noviembre tenemos fijada la fecha de revisión de plazo de la investigación que ya debería estar en su punto cúlmine, están realizándose diligencias que también han sido solicitadas por esta parte querellante respecto a testimoniales, y entonces ahí vamos a saber en qué punto nos encontramos el 11 de noviembre para ver si nosotros solicitaremos o no un aumento de plazo y también qué decisiones tomarán los otros intervinientes.
Respecto a los impactos de toda esta situación de impunidad y cómo lamentablemente la causa del alto mando termina levantándose como la gran aspiración de justicia respecto del número alto de casos que quedaron en la absoluta impunidad, en términos administrativos judiciales… Y además no quisiera dejar de mencionar la causa que existió de la Contraloría General de la República en contra de varios de los integrantes del alto mando respecto de una remoción originada en las medidas que se adoptaron durante el estallido social y que fue apelada, recurrida en sede judicial por parte de estos funcionarios: mencionar que esa causa ni siquiera está pendiente de ser vista en la Corte de Apelaciones de Santiago desde el año 2023; se va demostrando cómo en las diversas estructuras que tenemos para buscar justicia no se alcanza transcurridos ya seis años de estos delitos.
Eso va mostrando la desprotección que existe de las personas respecto de lo que significa el derecho a la protesta social, el uso del espacio cívico, la propia protección institucional que existe de estos espacios y cómo finalmente las víctimas terminan abandonadas porque claramente significa lo que llamamos como un efecto intimidador respecto del ejercicio de nuestros propios derechos, y además es más delicado cuando se trata de lo que muchos de nosotros conocemos como el primer derecho.
Este viernes 17 de octubre, con motivo de la publicación del Informe Estadístico elaborado por la División de Estudios, Evaluación, Control y Desarrollo de la Gestión, junto con la Unidad Especializada de Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional, Karinna Fernández comentó a través de la cuenta de X de la ONG Acción Cívica contra la corrupción:
"Seis años después del #EstallidoSocial, el 'Informe Estadístico' de la @FiscaliadeChile no es un acto de transparencia, sino un ejercicio de distorsión metodológica, diluyendo la responsabilidad estatal incluida su propia responsabilidad amparadas en sus múltiples decisiones de no perseverar. El informe, a pesar de revelar cifras contundentes de impunidad, falla gravemente en su análisis metodológico al no distinguir categóricamente entre 'crímenes de Estado' o 'violaciones sistemáticas de DD.HH.' y la delincuencia común. Al equiparar la violencia estatal con el delito contra la propiedad, la Fiscalía minimiza la gravedad de los hechos sin distinguir los bienes jurídicos afectados. El contraste de las condenas es la prueba más brutal de la impunidad selectiva: La tasa de condenas en violencia institucional es de solo 14,3%. Esto contrasta con la efectividad judicial en otros fenómenos que la Fiscalía alevosamente intenta equiparar a graves violaciones de derechos: Delitos de Incendio: hasta 47,2% de condenas. Delitos contra la Propiedad y Saqueos: hasta 34,8% de condenas. Rechazamos este intento descarado de reescribir la historia a costa del dolor de las víctimas. La vergonzosa diferencia en condenas revela que la impunidad tiene un rostro claro: el de los agentes estatales".
