Rechazamos el grave retroceso que está afectando a esta política de Estado, a partir del despido injustificado de profesionales clave en su implementación. Las recientes desvinculaciones incluyen a las abogadas Paulina Zamorano, jefa del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia; a Magdalena Garcés, responsable del Plan de búsqueda; y a la socióloga Tamara Lagos, encargada del Archivo del programa. La salida de equipos con trayectoria, especialización y conocimiento acumulado en la investigación de la desaparición forzada, no es una decisión neutra ni administrativa:
con ella se está debilitando activamente la capacidad del Estado para buscar a las personas detenidas desaparecidas.
Este proceso tiene consecuencias graves y concretas:
-Paralización o retroceso de líneas investigativas.
-Pérdida de capacidades técnicas en análisis documental y de patrones de macrocriminalidad.
-Afectación directa a la articulación institucional con los demás organismos del ejecutivo y del Poder judicial.
-Daño a la confianza de las víctimas,sus familias y la sociedad en los compromisos asumidos por el Estado que, finalmente, pueden ser desconocidos sin explicación alguna ante la ciudadanía.
El Plan Nacional de Búsqueda fue creado para enfrentar una deuda histórica del Estado con más de mil personas detenidas y desaparecidas por el propio Estado. Su ejecución exige continuidad, voluntad política y fortalecimiento sostenido. Lo que hoy ocurre va en sentido contrario.
Estas decisiones comprometen el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado de Chile en materia de desaparición forzada, particularmente en cuanto a la debida diligencia para la búsqueda, la continuidad de las investigaciones y el derecho a la verdad y la justicia.
A 50 años de estos crímenes políticos, este retroceso es inaceptable. Por ello exigimos:
-El cese inmediato de este proceso de desmantelamiento.
-La revisión y reversión de las desvinculaciones.
-La garantía de continuidad de los equipos especializados.
-El fortalecimiento efectivo del Plan Nacional de Búsqueda.
La búsqueda y la justicia plena es una obligación permanente del Estado. La verdad y la justicia no pueden depender de decisiones administrativas ni de cambios de gobierno. Quienes hoy reivindican la dictadura y se erigen como sus herederos tampoco podrán reescribir la historia, aunque hoy pretendan negarla y justificar los crímenes.
La verdad la tienen los desaparecedores, sus cómplices y encubridores.
La verdad y la justicia se abrirán paso. Seguiremos en ese empeño. Junto a nosotros vendrán otros. Somos más.
Toda la verdad, toda la justicia.
Revisa aquí el punto de prensa dado por las profesionales afectadas
