Ante el progresivo desmantelamiento de la institucionalidad de derechos humanos y las graves amenazas presupuestarias que ponen en riesgo la reparación y la justicia en el país, y otros derechos sociales, diversas agrupaciones de la sociedad civil expusimos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La delegación chilena compuesta por la Red de Observadoras en Justicia y Memoria; Londres 38, espacio de memorias; la Agrupación por la Memoria Histórica Providencia Antofagasta, la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad y la ANEF presentó el diagnóstico elaborado junto a un conglomerado de agrupaciones de familiares, organizaciones de derechos humanos y sitios de memoria respecto al retroceso estructural del Estado en sus obligaciones internacionales.
La audiencia temática se llevó a cabo en la sede de la CIDH en Washington D.C., Estados Unidos, en el marco de su 196° Periodo de Sesiones.
A continuación, puedes leer las intervenciones de manera íntegra, las que comenzaron con la presentación de Paulina Zamorano.
***
Comparecemos a esta audiencia:
Nuvia Guajardo. Directora Nacional de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF)
Erika Hennings. Presidenta de Londres 38, espacio de Memorias.
Paola Peebles de la Asociación por la Memoria y los DDHH, Colonia Dignidad. Y desde la Red de Observadoras en Justicia y Memoria, Tamara Lagos, Magdalena Garcés y Paulina Zamorano
La información que se presenta es resultado de un amplio proceso de coordinación, recopilación y sistematización de antecedentes en el que participaron más de ochenta organizaciones de derechos humanos, agrupaciones de familiares, sitios de memoria, trabajadoras y trabajadores del sector público, Fundación Nodo XXI, entre otras.
Nuestra exposición se organizará en torno a cuatro ejes:
· Desmantelamiento y reajuste estatal.
· Vaciamiento de la institucionalidad de ddhh en Chile.
· Debilitamiento de la memoria histórica, el caso de colonia dignidad. · E Indultos pasivo a responsables de graves violaciones a los ddhh
Estos hechos constituyen un grave retroceso y una pérdida de garantías que han sido conquistadas tras décadas de movilización de la sociedad civil. Por ello, solicitamos que evalúe estas medidas a la luz de los principios de progresividad y no regresividad, participación, transparencia y rendición de cuentas.
II. DESMANTELAMIENTO Y REAJUSTE ESTATAL
Oradora: Nuvia Guajardo Leiva
En nuestro país, Chile, el gobierno argumenta una crisis económica para aplicar severos recortes al gasto social, pero al mismo tiempo está ad portas de aprobar una reforma tributaria que erosionará la recaudación en 4.500 millones de dólares anuales para beneficiar a los sectores de mayores ingresos.
Como representante de las servidoras y los servidores públicos chilenos, ANEF comparece ante esta Comisión no para relatar una lista de recortes, sino para advertir un proceso de mayor profundidad: la reducción sistemática de las capacidades del Estado chileno para garantizar derechos humanos.
Los antecedentes que proporcionamos muestran que estas medidas, observadas en conjunto, generan una reconfiguración del Estado que desplaza capacidades desde la garantía de derechos hacia un aparato con menor presencia preventiva, territorial y especializada.
Nuestra tesis es precisa. No discutimos aquí una política fiscal legítima; los Estados pueden ajustar sus prioridades presupuestarias. Discutimos si esas medidas son compatibles con el derecho internacional de los derechos humanos, que exige que toda medida regresiva esté justificada, sea necesaria, proporcional, temporal y compatible con el deber de utilizar el máximo de los recursos disponibles.
El estándar no es cuánto gasta el Estado, sino si conserva la capacidad institucional para cumplir sus obligaciones.
El Decreto Supremo N°338, de abril de 2026, impuso un recorte transversal del 3% en el gasto público de cada servicio. Esto ha provocado despidos arbitrarios orientados ideológicamente, limitación de recursos para políticas específicas y descontinuación de políticas públicas, contradiciendo acuerdos previos de fortalecimiento institucional como el Protocolo Gobierno-ANEF de 2024.
Hoy advertimos el desmantelamiento de capacidades técnicas y de conocimiento.
El Instituto Nacional de Estadísticas sufre un recorte de 652 millones de pesos y la eliminación de la Encuesta Laboral, su principal instrumento para medir condiciones de trabajo y desigualdades.
El Instituto Nacional de la Juventud proyecta una caída cercana al 47% de su presupuesto y al 75% de su dotación, con programas como Compromiso Joven, Hablemos de Todo y el Observatorio de Juventudes que experimentan reducciones significativas, afectando la participación juvenil, la salud mental y la producción de información especializada.
Si bien, la OCDE registra una tendencia global de reducción en las tasas de suicidio adolescente, Chile se encuentra por encima del promedio y con una evolución ascendente.
Esto contrasta con la eliminación de capacidades que constituyen herramientas fundamentales para garantizar la inclusión social de personas jóvenes y reducir barreras estructurales de acceso a derechos.
En el Ministerio de Bienes Nacionales se elimina la Unidad de Pueblos Indígenas y se cierra progresivamente el Plan Buen Vivir, justo en un ámbito donde Chile mantiene obligaciones reforzadas de consulta bajo el Convenio 169 de la OIT.
La Dirección del Trabajo asume nuevas obligaciones con menor capacidad de control Ello puede traducirse en mayores tiempos de tramitación, y una menor capacidad fiscalizadora y una reducción en la eficacia de los mecanismos administrativos destinados a proteger a víctimas de acoso, violencia y otras vulneraciones de derechos laborales, justamente en el ámbito en que Chile mantiene obligaciones bajo el Convenio 190 de la OIT.
En seguridad pública, mientras se fortalecen las funciones de control y persecución penal, se reducen los programas de prevención, atención a víctimas y tratamiento de drogas: el Estado se concibe cada vez más desde una lógica reactiva, justo cuando debilita las políticas destinadas a evitar que las vulneraciones ocurran.
En el ámbito de la salud, los antecedentes recopilados evidencian un proceso de debilitamiento de la Atención Primaria de Salud (APS), principal puerta de entrada al sistema sanitario y eje de la estrategia de salud familiar y comunitaria. Entre los programas identificados se encuentran aquellos destinados a salud mental comunitaria, prevención del suicidio, cuidados paliativos, personas mayores autovalentes, personas con demencia, programas odontológicos preventivos, Fondo de Farmacia (FOFAR), hospitalización domiciliaria, programas dirigidos a población migrante, salud trans, PRAIS, rehabilitación comunitaria y programas de acompañamiento psicosocial, entre otros.
El Servicio Nacional de la Mujer ve debilitados los equipos que sostienen la autonomía económica y la prevención de la violencia de género.
En cultura, el recorte de los fondos de creación restringen el ejercicio del derecho a participar en la vida cultural, con particular impacto en comunidades rurales.
El recorte descrito posee, además, un problema de forma: el presupuesto 2026 fue aprobado por una ley especial, con quórum calificado, en que cada partida es aprobada y discutida previo informe financiero.
No puede simplemente, por medio de un decreto, modificarse una ley de esa naturaleza.
Gobernar por decreto es, en sí mismo, violatorio de la propia carta fundamental. Viola la esencia del Estado de derecho.
En conclusión, tanto lo que ha ocurrido durante 2026 como lo que ocurrirá entre 2027 y 2030, da cuenta de una regresividad simultánea: presupuestaria, institucional, programática y simbólica. No se trata de simples ajustes por austeridad fiscal, sino de una nueva narrativa estatal permanente que despoja al Estado de sus capacidades operativas, amenazando la garantía efectiva de los derechos humanos y vulnerando las obligaciones internacionales adquiridas por Chile.
III. DESMANTELAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE LA INSTITUCIONALIDAD DE DERECHOS HUMANOS EN CHILE
Oradora: Tamara Lagos Castro
Desde marzo de este año, el Estado de Chile ha eliminado, reducido y desarticulado unidades y programas especializados en derechos humanos.
Queremos ser enfáticas: no estamos ante decisiones administrativas aisladas.
Estamos ante un patrón de desmantelamiento institucional que afecta la capacidad efectiva del Estado para garantizar verdad, justicia, reparación, memoria y garantías de no repetición.
La existencia de muchas de estas iniciativas es el resultado de décadas, de organización, denuncia y demanda de víctimas, familiares y organizaciones de la sociedad civil.
En la mayoría de los casos, estas políticas constituyeron respuestas tardías por parte del Estado frente a vulneraciones graves y sistemáticas. Por eso, eliminarlas, reducirlas o modificar sustantivamente sus capacidades no es una decisión neutra: representa un nuevo agravio para comunidades que ya han sido violentadas y que han luchado persistentemente para que el Estado reconozca sus derechos.
Este patrón se expresa en la eliminación de unidades creadas para responder a graves vulneraciones de derechos humanos.
La Unidad de Identificación y Registro de Víctimas de Violencia Institucional, destinada a registrar, orientar y coordinar la respuesta estatal hacia las víctimas de las violaciones ocurridas durante el estallido social, fue eliminada a días del cambio de gobierno, pese al Informe de recomendaciones realizadas por la CIDH. Sus funciones fueron formalmente redistribuidas.
Estamos hablando de centenares de personas que viven aún con perdigones en sus cuerpos o que resultaron con diversos grados de trauma ocular por sumarse a la movilización social.
Esperando el fortalecimiento de estas políticas, 6 de ellos se suicidaron.
También fue eliminada la Unidad de Búsqueda de Orígenes y Familiares de Personas Afectadas por Adopciones Ilegales, Forzadas o Irregulares. Esta unidad debía responder a miles de personas que buscan conocer su identidad y reconstruir sus vínculos familiares. Se trata de decenas de miles de niños y niñas que fueron arrebatados a sus familias, muchas de ellas pobres y de origen indígena, para ser vendidos tanto en Chile como en el extranjero.
Al momento de su eliminación, desarrollaba procedimientos de búsqueda documental, coordinaciones con el Poder Judicial, mecanismos de acompañamiento y capacidades para implementar un banco de huellas genéticas.
El mismo patrón afecta al Programa de Derechos Humanos y al Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia.
Los equipos se han visto mermados, disminuyendo sus capacidades técnicas y de ejecución, a días de que el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas advirtiera expresamente que Chile debía conservar a los equipos que habían construido la experiencia técnica del Plan.
A ello se suma el retiro del Tercer Plan Nacional de Derechos Humanos de la Contraloría; la eliminación de la Unidad de Pueblos Indígenas del Ministerio de Bienes Nacionales, la desarticulación de la Comisión de Verdad y Niñez, orientada a esclarecer las vulneraciones sufridas por NNA al resguardo del Estado, creada por recomendación del Comité de Derechos del Niño y en el marco del Caso de la Corte Interamericana, Adolescentes recluidos en centros de detención e internación provisoria vs. Chile.
Por otra parte, gran preocupación despierta el proceso de debilitamiento que amenaza la autonomía, capacidad fiscalizadora, y posibilidad de deducir querella del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
El argumento se repite: austeridad, eficiencia, reorganización o nuevos lineamientos. También se repite una fórmula: las instituciones desaparecen, pero se asegura que sus funciones continuarán.
Queremos insistir: la continuidad formal no equivale a capacidad institucional efectiva.
El Estado no sólo está debilitando instituciones: está desconociendo procesos históricos de lucha social y retirando respuestas que las víctimas debieron exigir durante décadas.
Las políticas de derechos humanos no pueden depender de la voluntad del gobierno de turno.
Y eso es precisamente lo que está ocurriendo hoy en Chile.
IV. DEBILITAMIENTO DE LA MEMORIA HISTÓRICA E INCERTIDUMBRE EN EL FINANCIAMIENTO DE SITIOS DE MEMORIA
Oradora: Erika Hennings
Cuando un sitio de memoria cierra sus puertas, no sólo se pierde un edificio. Pierde la sociedad un espacio donde las nuevas generaciones puedan comprender lo que ocurrió, las familias un lugar donde mantener viva la memoria de sus seres queridos y la democracia una herramienta para contribuir a la verdad, la justicia y a las garantías de no repetición.
Los sitios de memoria no existen por nostalgia del pasado. Existen porque el pasado sigue interpelando nuestro presente. Son lugares donde la memoria se transforma en educación, en reflexión, en acción y en un compromiso democrático.
Hoy denunciamos un debilitamiento de la política pública sobre memoria histórica, asociado a la restricción presupuestaria, la incertidumbre sobre el financiamiento para el trabajo en los sitios de memoria y el cierre de programas estatales vinculados a la gestión y amparo de los lugares gestionados por estas organizaciones.
En Chile se han identificado 1.132 lugares que fueron utilizados como centros de detención, tortura y exterminio.. Sin embargo, sólo 72 han sido reconocidos oficialmente como sitios de memoria y apenas 33 son administrados por organizaciones de derechos humanos. De esos 33, solo cinco cuentan con financiamiento permanente del Estado y este año, debido al recorte del 50 % del presupuesto asignado anteriormente, sólo ocho recibirán recursos del Programa Sitios de Memoria, tras adjudicarse los fondos vía concurso, compitiendo entre ellos. Eso significa que veinte sitios deben sobrevivir gracias a la autogestión de las organizaciones y de las comunidades que los sostienen.
A ello se suma que sesenta solicitudes de reconocimiento como Monumento Histórico permanecen pendientes.
En el Ministerio de las Culturas y en el Ministerio de Bienes Nacionales se han producido mermas de sus equipos así como la eliminación de unidades, que se desempeñaban como contraparte técnica.
Diversos lugares de memoria están bajo concesión o comodato por 5 años. Las organizaciones denunciamos trabas administrativas y falta de respuesta para la realización de los respectivos procesos de renovación de los comodatos.
Una cuestión especialmente preocupante son los 16 sitios que se encuentran bajo la administración de las Fuerzas Armadas y de Orden por las limitaciones del uso y acceso que ello implica.
Los sitios de memoria no pertenecen únicamente a las víctimas ni a quienes los administran. Son patrimonio democrático de Chile. En ellos se resguarda una parte esencial de nuestra historia, pero también de nuestro futuro. Debilitarlos no afecta sólo a las organizaciones de derechos humanos; afecta la capacidad de nuestra sociedad para aprender de su historia y así contribuir a la no repetición de las violaciones a los derechos humanos.
Defender los sitios de memoria es defender la democracia. Y fortalecerlos no es un acto de generosidad del Estado: es el cumplimiento de una obligación que emana del derecho internacional de los derechos humanos y del compromiso que Chile ha asumido frente a las víctimas, sus familias y las futuras generaciones.
COLONIA DIGNIDAD
Oradora: Paola Peebles
A mi padre lo torturaron agentes del Estado de Chile y Alemanes en Colonia Dignidad, centro de secuestro, exterminio y desaparición forzada durante la dictadura civil-militar. Más de cien personas desaparecieron allí.
Hoy, el lugar sigue siendo propiedad privada de los perpetradores y sus herederos, quienes lo explotan con fines de lucro y recreativos, mientras intervienen infraestructura con pruebas cruciales, obstaculizando la justicia y el Plan Nacional de Búsqueda.
La decisión del Gobierno de revertir la expropiación del Sitio de Memoria responde a intereses de perpetradores y atenta contra las víctimas y nos somete a la injusticia de pedir autorización a los hijos de los criminales para homenajear a nuestros seres queridos.
Renunciar a la expropiación es un grave retroceso que vulnera los compromisos internacionales de Chile en materia de verdad, justicia, reparación, memoria y no repetición.
V. INDULTOS PASIVOS A RESPONSABLES DE GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS COMETIDOS DURANTE LA DICTADURA
Oradora: Magdalena Garcés
Nos encontramos frente a graves retrocesos en materia de verdad y justicia. El Estado incumple su obligación de que las penas impuestas a los condenados por graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura civil militar, sean cumplidas.
El Ministerio de Justicia y DDHH ha prohibido a las y los abogados del Programa de DDHH, intervenir en los procesos en los que se revisa las penas de los condenados por graves violaciones a los derechos humanos.
El Programa de Derechos Humanos cumple un rol que ningún otro organismo del Estado puede reemplazar. Los casos de la dictadura se tramitan por sistema antiguo (inquisitorial), por lo que no hay una Fiscalía que ejerza la acción penal y supervise el cumplimiento.
El Programa de DDHH presta apoyo legal a familiares de víctimas de ejecución política y desaparición forzada y tiene facultades para ejercer la acción penal ante los Tribunales de Justicia en representación de las víctimas.
En lo que va del año y hasta la fecha de emisión de este informe, se registran 47 solicitudes presentadas por agentes condenados por crímenes de lesa humanidad, quienes requieren a los tribunales de justicia la reducción de penas, arresto domiciliario, libertades condicionales, acumulación de penas, etc.
De 47 solicitudes, en 23 ocasiones se han celebrado audiencias en las respectivas Cortes de Apelaciones. El Programa de Derechos Humanos no se ha presentado a alegar o se ha desistido de los recursos interpuestos en 20 ocasiones, por instrucciones del Ministerio de Justicia. En dos de estos casos, se produjo la liberación inmediata del agente, y en un tercer caso, la reducción de la condena. El resto se han resuelto en primera instancia o se encuentran pendientes.
En las 3 audiencias que sí intervino el Programa, no se permitió alegar a los abogados que tienen la experiencia y el conocimiento de estos procesos.
Según el protocolo de actuación del PDH, las y los abogados deben intervenir en audiencias oponiéndose a las libertades, cuando: el condenado:
-Haya sido condenado a una pena no proporcional al crimen que se cometió (aplicación de prescripción gradual),
-No haya colaborado con la justicia,
-Se encuentre condenado o procesado en más de una causa judicial
O, que su liberación genere un impacto negativo para las víctimas, sus familiares y toda la sociedad.
En los 20 casos en los que el PDH no intervino, los condenados nunca colaboraron con la justicia, se encontraban condenados en numerosos procesos, y todos estos casos generaron un impacto en las víctimas.
Esto ha sido denunciado como "indultos pasivos", dado que permitiría a los condenados privados de libertad, solicitar salidas anticipadas sin la oposición de los abogados del Estado. La omisión de defensa se convierte así, en una nueva vía para evadir el cumplimiento de cárcel efectiva, debilitando el deber del Estado de promover justicia efectiva y generando escenarios de impunidad.
VI. RECOMENDACIONES
Oradora: Paulina Zamorano Valenzuela
Solicitamos a la Honorable Comisión que inste al Estado de Chile a:
1. Prevenir retrocesos en la protección de los derechos humanos y preservar sus capacidades institucionales especializadas, asegurando que toda reestructuración, reducción presupuestaria o modificación de programas se encuentre debidamente justificada, sea transparente, cuente con la participación de las personas usuarias y trabajadoras, y sea plenamente compatible con los principios de progresividad y no regresividad.
2. Requerir al Estado un informe detallado sobre las unidades y programas eliminados, reducidos o reestructurados; el personal y presupuesto remanente asignado a tales funciones; las garantías para la continuidad técnica de los procesos; y las medidas que se adoptarán para impedir futuras regresiones.
3. Fortalecer el reconocimiento, protección y financiamiento de los sitios de memoria, así como avanzar con celeridad en la expropiación de la ex Colonia Dignidad, preservando rigurosamente sus espacios, archivos y evidencias materiales.
4. Garantizar el cumplimiento efectivo de las condenas por graves violaciones a los derechos humanos
5. y, finalmente, que la CIDH mantenga un seguimiento reforzado sobre la situación, solicite información periódica y realice una visita in situ al país.
