El Tribunal Supremo español encontró -el jueves 9 de febrero- a Garzón culpable de prevaricación y lo condenó a 11 años de inhabilitación por haber autorizado a interceptar las conversaciones que mantuvieron en prisión los acusados de una trama de corrupción que involucra a antiguos cargos del derechista Partido Popular, actualmente en el gobierno, y sus abogados.
García dijo que aunque la sentencia de inhabilitación fue por esas escuchas, "esa fue precisamente la vía que encontraron para sacar al juez Garzón de sus investigaciones de los crímenes de lesa humanidad, incluido los crímenes del franquismo en España".
Garzón "ha sido una pieza fundamental para indagar las violaciones a los derechos humanos cometidas fuera de España, como lo fue con el dictador Augusto Pinochet (1973-1990), cuando los Estados no han querido abrir juicios en sus propios países", recordó García.
Para el abogado de derechos humanos Nelson Caucoto, "está muy claro que el juez Baltazar Garzón está siendo víctima de una brutal persecución por la derecha política española, que no le perdona haber sido el primero en atreverse a abrir una indagatoria por los crímenes cometidos bajo la dictadura de Franco" (1939-1975).
A juicio de Caucoto, la comunidad internacional "debe estar inmensamente agradecida de este juez que, rompiendo las fronteras, instauró el concepto de una justicia penal universal para investigar los delitos de lesa humanidad" donde ocurrieran, cuando los países de origen se negaron a hacer justicia.
