Al menos 30 de las entidades firmantes trabajan directamente en la defensa y promoción de los derechos de las personas, son organizaciones de familiares de víctimas de la represión o sobrevivientes, así como sitios de memoria. Las otras casi 40 son asociaciones la sociedad civil que luchan por los derechos sociales, políticos, económicos, medio ambientales y culturales desde diferentes lugares de Chile y América Latina; más, una decena de organizaciones de carácter nacional con presencia en el exterior y otras que apoyaron desde Francia, Bélgica, Nueva Zelandia y Suecia, entre otras.
El texto difundido en la Plaza de la Constitución dice que "es necesario que el Estado chileno y sus gobiernos comprendan que la justicia no puede ser solo simbólica. Los juicios y las condenas, así como la reclusión de los criminales y de los que se han enriquecido atentando contra la humanidad deben corresponderse con sus gravísimas acciones".
Las organizaciones demandaron la "derogación de la Constitución de 1980 y todos los enclaves dictatoriales que impiden la participación del pueblo y les entregan nuestros recursos a los monopolios internacionales. Anulación de todas las leyes, decretos, consejos de guerra y acciones sumarias que realizó la dictadura para legalizar la represión". Del mismo modo solicitaron la "anulación inmediata de la ley de amnistía, y fin a la prescripción y media prescripción que siguen aplicando los tribunales de justicia".
La "derogación de la ley 18.771 de 1989, que exime a las instituciones del Ministerio de Defensa, y de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública de la obligación de transferir sus documentos al Archivo Nacional -obligación que tienen todos los organismos públicos-, y los autoriza a eliminarlos mediante la sola decisión de una jefatura superior", es otro de los puntos destacados del manifiesto que fue leído por Juanita Aguilera, de la Comisión Ética Contra la Tortura y Alberto Rodríguez, de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, en representación de las organizaciones sociales.
Cuestionaron la "jurisdicción que tienen los tribunales militares para procesar a civiles cuando están implicados en procesos contra uniformados" y demandaron "el fin de las cárceles especiales para recluir a genocidas"
En el contexto de las luchas sociales actuales, las organizaciones demandaron el "fin a la ley antiterrorista dejada por la dictadura, (no seguir la tramitación) de la nueva ley antiterrorista que está en curso de elaboración y de todas las leyes de excepción que criminalizan a los movimientos sociales".
El repudio a la Constitución de 1980, elaborada por la dictadura cívico militar, quedó de manifiesto cuando los manifestantes arrojaron a un excusado una copia del texto.
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