Luego del anuncio de la pronta formalización del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, junto a Mario Rozas, ex general director de la institución; y Diego Olate, general en retiro y ex subdirector -todos imputados por delito omisivo de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio en el contexto de la revuelta popular-, declaramos que:
Como organización de la sociedad civil y derechos humanos, somos parte de un proceso de respaldo a las víctimas de la violencia policial de los últimos años. En los momentos más complejos de la represión, nuestro espacio funcionó como un lugar de resguardo, protección y denuncia. En consecuencia, valoramos la acción de la justicia y advertimos sobre la complejidad del proceso judicial, que ha estado marcado por dilaciones y entorpecimientos a la investigación.
Recordamos que el general Yáñez -quien al momento de los hechos imputados ejercía como encargado de Orden y Seguridad de la policía uniformada- ha obstaculizado el funcionamiento de la justicia, negándose en seis oportunidades a declarar. Rechazamos esta actitud que ha tenido como único objetivo impedir el avance de la investigación esquivando las responsabilidades que le corresponden.
Repudiamos el uso de su posición de poder para eludir a la justicia. Si no se tratara de la máxima autoridad de Carabineros de Chile jamás hubiera podido negarse a declarar en tantas oportunidades. Reiteramos que la justicia debe actuar frente a él como lo haría ante cualquier ciudadano o ciudadana del país, sin privilegios.
Hacemos un enérgico llamado a respetar el Estado de Derecho y la independencia del Poder Judicial. Rechazamos la injerencia de la defensa de Yáñez en el sentido de impugnar la calidad profesional de los fiscales que lo investigan. De la misma forma recordamos que la justicia no trabaja para partidos políticos ni coaliciones ideológicas, como la derecha y sus aliados, que exigen a fiscales que les "den garantías". Nos preguntamos ¿garantías de qué? ¿de impunidad?
Reforzamos el llamado a que se respeten los plazos establecidos para la formalización. Y llamamos a la sociedad civil a estar en una actitud de alerta que impida la influencia de los poderes fácticos que podría provocar aplazamientos que sigan perpetuando la impunidad.
Hacemos una crítica política a la actitud del gobierno. Consideramos inaceptable el respaldo del gobierno a la continuidad del general Yáñez, a sabiendas de la envergadura de las imputaciones, y del rol jugado por el imputado en la represión a un proceso de movilización social.
Creemos que el Ejecutivo no se puede quedar en la defensa de la legalidad para mantener a un general director imputado y ad portas de ser formalizado, y debe responder al fondo del conflicto político que significa seguir con el respaldo a uno de los responsables de los homicidios, torturas, lesiones graves, mutilaciones, y abusos, incluso sexuales que causaron tanto daño en la sociedad. De la misma forma, resulta indignante el llamado del Presidente Boric a Yáñez en medio del desarrollo de la noticia.
Llamamos al gobierno del Presidente Gabriel Boric a solicitar la renuncia de Yáñez y a mantenerse al margen de un proceso judicial que debe ser independiente y apegado a las definiciones básicas de toda democracia.
Por último, rechazamos que se mantenga a la cabeza de Carabineros, una de las instituciones encargada de liderar la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado -tema social y político prioritario para este gobierno- un general con tal nivel de cuestionamiento y desconfianza. Carabineros tiene una directa relación con la Fiscalía para la persecución e investigación de los delitos, por lo que resulta altamente contradictorio y perjudicial que el jefe de la policía uniformada, que hoy está siendo investigado por la misma Fiscalía, siga a cargo de la institución.
Destacamos el rol que han desempeñado en la presentación de la querella y la continuidad del proceso las abogadas Karinna Fernández y Magdalena Garcés y el abogado Sebastián Velázquez, integrantes del equipo de Londres 38. De la misma forma, recordamos que la querella fue desarrollada tras un intenso trabajo con la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile, en la cual participaron diversas organizaciones sociales.
Pedimos a los medios de comunicación y a la sociedad en general recordar el por qué se formalizará a Yáñez, Rozas y Olate. Para ello, compartimos la información aportada por Amnistía Internacional, que para esta investigación proporcionó antecedentes relativos a la "violación generalizada del derecho a la integridad física ocurrida entre el 18 de octubre y el 30 de noviembre de 2019, documentadas en el informe 'Ojos sobre Chile: Violencia policial y responsabilidad de mando en el estallido social'. En particular, este informe evidenció cómo, a través de órdenes tácitas u omisiones deliberadas, distintos mandos de Carabineros -incluido el actual General Director y entonces Director de Orden y Seguridad- habrían implementado una estrategia para silenciar las protestas donde destacó el uso indiscriminado e indebido de escopetas cargadas con munición altamente lesiva, dejando miles de personas heridas y más de 400 personas con trauma ocular".
Las querellas presentadas el 19 de abril de 2021 las puedes revisar en los siguientes links:
