Ana Becerra, sobreviviente de Tejas Verdes, y el periodista Javier Rebolledo
El balneario y cabañas de las Rocas de Santo Domingo formaron parte del complejo represivo dirigido desde el regimiento de Tejas Verdes por el entonces coronel Manuel Contreras, que integraron la unidad de ingenieros militares y el casino de oficiales del cuartel, donde también funcionaban equipos de torturadores. Desde el primer momento la represión se dirigió hacia los trabajadores y movimientos sociales de la zona portuaria de San Antonio, pero desde octubre-noviembre, cuando se inicia la fundación de la DINA, comienzan a ser llevados prisioneros de otras ciudades, principalmente desde el primer cuartel de la DINA en Santiago conocido como Londres 38.
La presentación para solicitar la calidad de monumento nacional ante el CMN estuvo a cargo de la ex prisionera Ana Becerra, del periodista e investigador de los crímenes de la DINA Javier Rebolledo, y del arquitecto Miguel Lawner, quien dirigió las obras de construcción del balneario popular durante el gobierno de Salvador Allende. (Ver galería de fotos de cabañas, en un registro de enero de 2011, antes de su destrucción).
A la salida de la presentación, Rebolledo explicó que el coronel Eduardo Villalón Rojas no solo fue el único consejero -en representación del Ministerio de Defensa- que se opuso a declarar el lugar como Sitio de Memoria, sino que además se habría reído durante la intervención de Ana Becerra. El mismo oficial provocó a los solicitantes al preguntar "quién les paga", y durante las deliberaciones del consejo habría solicitado que éste recibiera a algún general que pudiera defender la posición del Ejército sobre el sitio en disputa.
Manifestantes apoyaron la solicitud de las organizaciones de San Antonio en las afueras de la sede del CMN, en Santiago.
"Esa actitud provocadora hizo que todos los restantes consejeros tomaran distancia de este oficial", relató Miguel Lawner, quien se mostró satisfecho por el logro alcanzado por las organizaciones de derechos humanos de San Antonio que consiguieron la declaratoria que ahora protege el lugar que, cuando sea recuperado, será un sitio de memoria.
Al día siguiente de la votación, el Ministerio de Defensa informó que el coronel Villalón ha sido removido de su cargo como representante de esa repartición ante el CMN.
El Ejército tenía previsto vender este lugar donde fue fundada la DINA y donde fue visto el ahora procesado coronel Cristián Labbé. De acuerdo al documento adjunto, el Ejército pretendía enajenar la propiedad con la excusa de disponer de recursos para construir nuevas viviendas al personal militar asignado a Magallanes.
A su vez, el alcalde de Santo Domingo, Fernando Rodríguez Larraín (UDI) optó por indicar al CMN que el lugar no tenía valor histórico alguno, aunque sí lo calificaba como un humedal con características de patrimonio ecológico.
La lucha de las organizaciones de derechos humanos de San Antonio logró imponerse a los intentos por borrar la memoria del lugar, principalmente luego que el alcalde de Santo Domingo ordenara la destrucción de las cabañas del balneario popular y que fueron usadas por la DINA.
